Nuevos videos confirman que los uniformados siguen con vida
El ELN someterá a juicio de guerra a agentes del CTI y Dijín secuestrados en Arauca, según se conoció en recientes videos difundidos en redes sociales.
Las imágenes muestran a los funcionarios en aparente buen estado de salud, tras más de cuatro meses en cautiverio.
Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos retenidos desde el 20 de julio.
También aparecen los agentes del CTI José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, secuestrados el 8 de mayo en Fortul, Arauca.
En los videos, los uniformados piden la intervención del presidente Gustavo Petro, la Fiscal General, la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Iglesia Católica para lograr su liberación.
El ELN propone canje y anuncia “juicio revolucionario”
El grupo armado afirmó que ha intentado sin éxito negociar un canje de prisioneros con el Gobierno.
Ante la falta de respuesta, aseguró que los agentes serán sometidos a un “juicio revolucionario” donde podrían recibir penas de entre tres y siete años de prisión.
En uno de los comunicados, el Frente de Guerra Oriental del ELN explicó que los uniformados fueron interceptados durante una “acción de control territorial” y acusó a las autoridades de espionaje.
El presidente Petro responsabiliza al ELN por la seguridad de los secuestrados
El presidente Gustavo Petro reiteró que la organización guerrillera es responsable de la vida e integridad de los funcionarios retenidos.
“El ELN es responsable de las condiciones físicas y psicológicas de las personas bajo su poder”, enfatizó el mandatario.
Petro aclaró además que la Dijín no realiza labores de inteligencia, sino investigaciones judiciales dirigidas por fiscales y jueces.
El jefe de Estado advirtió que cualquier daño a los secuestrados afectará las posibilidades de diálogo de paz.
“No pueden pensar en salvoconductos para reuniones en el exterior si hacen víctimas a los agentes de Interpol”, advirtió.
Tensión en los diálogos de paz
El anuncio del juicio de guerra complica el ya frágil proceso de paz entre el Gobierno y el ELN.
Mientras las familias de los uniformados claman por su regreso, la opinión pública exige resultados concretos frente a los secuestros y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno colombiano evalúa nuevas estrategias para garantizar la liberación de los cuatro agentes, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de los desafíos del actual proceso de paz.
