Nariño entre los 7 departamentosdonde el Eln hace mayor presencia

En las últimas horas la Defensoría del Pueblo socializó el mapa de riesgos en el que se indican los territorios en los que actualmente opera la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln.
Es de anotar que de acuerdo con la información que se entrega en ese sentido, el Departamento de Nariño, aparece en Colombia, entre los 7 departamentos donde esa organización alzada en armas, hace mayor presencia.
Igualmente, se resalta que, en estos instantes, el Gobierno Nacional y el Eln reanudaron el proceso de paz, interrumpido en la administración del entonces presidente, Iván Duque.
Ese nuevo intento de acuerdo tiene como sede a Caracas, Venezuela y luego de las primeras reuniones se reanudará la próxima semana, con un balance de esas primeras jornadas. en medio de una gran expectativa, especialmente en el Departamento de Nariño, que a través de la historia ha sido una de las regiones colombianas más afectadas por el accionar de esta guerrilla.

Zonas más afectadas

En el reporte de la Defensoría del Pueblo se indica que los departamentos colombianos donde mayor presencia tiene el Eln, son Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Otras zonas del país donde el ELN también ejerce control son: Tolima, Risaralda, Caldas, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, Boyacá, Casanare, Vichada y Guainía, además de Cundinamarca y Bogotá.
El accionar de este grupo armado es variado por ejemplo en Norte de Santander, en particular en la región del Catatumbo, está consolidado, mientras que en Nariño tiene la intensión de expansión. En Arauca mantiene disputas con disidencias de las Farc y en el Chocó mantiene una disputa por el control social y territorial con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.
El mapa se elaboró a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo que entre el año 2017 y 2022 ha emitido 148 alertas por el accionar del ELN, en la que su presencia pone en riesgo a: Pueblos étnicos, comunidades afrodescendientes, campesinos, mujeres, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, menores de edad, empresarios, transportadores, comerciantes y servidores públicos.

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