En momentos en que los calendarios electorales para los comicios al Congreso, Senado y Cámara de Representantes y a la presidencia de la República a celebrarse el próximo año comenzaron a correr y, ya se viven las campañas políticas, también empiezan a aparecer las primeras alertas tempranas en torno a factores que podrían incidir de manera negativa en esos procesos democráticos, en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Santander.
Al respecto, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, señaló que los peligros que acechan a esas elecciones del 8 de marzo para el Congreso y el 31 de mayo para la Presidencia, son el fraude, la violencia y la polarización que afronta en estos momentos el país. De esta manera, las autoridades electorales también comienzan a alertar sobre la intervención indebida de funcionarios públicos, la financiación ilícita e ilegal de campañas, la inscripción irregular de cédulas o trashumancia electoral, si bien este es un delito que tiene mayor auge en las elecciones regionales y el uso de recursos públicos con fines electorales e igualmente la violencia que en estos momentos azota con fuerza varias zonas del país.
Grupos ilegales
Tanto la MOE como Pares, coincidieron en que otra amenaza para el normal desarrollo de los comicios que se avecinan, es la violencia, representada en la presencia y acciones de los grupos armados ilegales GAI, generadores de economías fuera de la ley, gobernanza criminal y enfrentamientos que en departamentos como Nariño, vienen generando desplazamientos y confinamientos forzados tanto en la cordillera como en la cosa Pacífica.
En ese sentido, se considera que otros factores como las afectaciones medioambientales, las violaciones a la libertad de prensa, el fraude electoral, así como el constreñimiento a candidaturas y comunidades por parte de estas organizaciones criminales, también se constituyen en una espada pendiente sobre el normal desarrollo de las elecciones.
A blindar los comicios
Las autoridades electorales consideran que hay otros retos para las elecciones que se avecinan, como lo es la capacidad de respuesta del Consejo Nacional Electoral CNE, en lo que tiene que con la revocatoria de inscripción de candidaturas. También se anticipa que otro punto vital para blindar las próximas elecciones será la capacidad de la fuerza pública para acompañar los procesos electorales.
La transparencia y acceso a la información electoral supone otro reto, así mismo, la revocatoria de inscripción de cédulas y la afectación al censo electoral que ello supone.
Las redes sociales eventualmente también abarcan otras alertas, temas álgidos como la polarización, campañas de desprestigio digital, discursos estigmatizantes, la falta de acceso a información confiable, fake news, la mala utilización de la inteligencia artificial, son riesgos latentes. En esa misma línea se resaltan las encuestas y sondeos de opinión tendenciosas y falta de privacidad de datos personales.
Un peligroso flagelo
Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), con Vivamos Humanos y la Coordinadora Nacional Humanitaria, señaló que en lo que va corrido del presente año, las acciones de violencia en Colombia, aumentaron en un 45 por ciento.
En ese sentido, entre los departamentos más afectados por la violencia, aparecen por el momento, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander y el Caquetá.
En el informe se reporta que los grupos armados que en el presente año han perpetrado más acciones violentas, son el Ejército de Liberación Nacional, Eln, responsable de homicidios selectivos en regiones como el Catatumbo y de desplazamientos y confinamientos como sucede en estos instantes en varios municipios de Nariño.
También aparecen el Estado Mayor Central EMC, que ha declarado como objetivos militares a las comunidades indígena, situación que presenta características de mucha gravedad, en especial, en el departamento de Nariño.
El Clan de Golfo o Ejército Gaetanita es otro peligroso generador de violencia, puesto que es responsable de un marcado incremento en las cifras de confinamientos y amenazas directas en contra de la población civil, lo que tipifica una situación de mucho riesgo, en momentos en que Colombia, se alista para las elecciones legislativas y presidenciales.