Las comunidades de la costa Pacífica de Nariño elevaron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades electorales para que se ponga en marcha de manera efectiva el Plan Democracia, con el fin de garantizar la normal realización de las próximas elecciones en esta región del suroccidente colombiano. Según líderes sociales y comunitarios, el clima de temor generado por la presencia y el accionar de grupos armados ilegales pone en serio riesgo el ejercicio libre del derecho al voto.
Al respecto, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, ha señalado que el Plan Democracia que busca garantizar la normal realización de las elecciones está en pleno desarrollo en esta etapa preelectoral.
Mientras tanto moradores de municipios costeros como Tumaco, Francisco Pizarro y El Charco han manifestado su preocupación por las constantes amenazas, restricciones a la movilidad y hechos de violencia que se registran en zonas rurales y urbanas. Estas situaciones, aseguran, podrían derivar en una baja participación electoral o incluso en la imposibilidad de instalar puestos de votación en algunos territorios.
También la cordillera
El llamado no se limita únicamente a la franja costera. Comunidades de la cordillera nariñense también han expresado sentirse atemorizadas ante la disputa territorial entre grupos armados, lo que incrementa la sensación de inseguridad en vísperas de la jornada electoral. Líderes campesinos e indígenas advierten que el miedo se ha convertido en un factor determinante que amenaza la transparencia y legitimidad del proceso democrático.
“Necesitamos garantías reales para salir a votar sin miedo. La democracia no puede ejercerse bajo amenazas”, señaló un representante comunitario de la costa Pacífica, quien pidió mayor presencia de la Fuerza Pública y un acompañamiento integral por parte del Estado. Las comunidades insisten en que el Plan Democracia debe implementarse con enfoque territorial, teniendo en cuenta las particularidades sociales, étnicas y geográficas de Nariño.
Presencia de observadores
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han respaldado estas peticiones y solicitan, además, la presencia de misiones de observación electoral y de organismos de control que vigilen el desarrollo del proceso. Consideran que estas medidas son clave para prevenir hechos de violencia y garantizar condiciones de equidad para candidatos y votantes.
Por su parte, las autoridades locales han reconocido los desafíos en materia de seguridad y han reiterado la necesidad de una acción coordinada entre el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y las instituciones electorales. Mientras tanto, las comunidades de la costa y la cordillera de Nariño esperan respuestas concretas que les permitan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, seguridad y confianza en la institucionalidad.
