La semana pasada se reunió la comisión de seguimiento y garantías electorales, con presencia de la Procuraduría, la Fiscalía, los partidos políticos y, por supuesto, el Gobierno y los mandos militares.
En esa cumbre se pusieron de presente la falta de seguridad en más de cien municipios del país, los asesinatos y la prohibición impartida por organizaciones criminales a candidatos para inscribirse por Cambio Radical y el Centro Democrático. Igualmente, se informó de problemas en los sistemas de la Registraduría. Pero, de lejos, el mayor cúmulo de preocupaciones versó sobre la corrupción y la intervención de gobernadores y alcaldes en el proceso electoral.
Tan solo en la Procuraduría reposan más de dos mil denuncias. Ante la gravedad de la situación, la doctora Cabello anunció la creación de una “comisión especial para seguirles el paso”. Me pregunto, a 7 días de las elecciones, ¿qué se ha hecho? ¿A quién se ha sancionado o al menos reprendido? Todo esto me confirma la conveniencia de eliminar la Procuraduría.
Todos los investigados van a terminar sus mandatos en la total impunidad fiscal, disciplinaria y penal. Para asegurar que nada les sucederá, en la retirada es indispensable cubrir el frente interno, haciendo elegir a como dé lugar a sus sucesores, única manera de asegurar que se cumplan los compromisos con los contratistas y que no se vayan a destapar las ollas de corrupción que han dejado a su paso por la Administración.
En el Magdalena, por ejemplo, el gobernador Caicedo, con nada menos que 17 investigaciones disciplinarias, 5 fiscales y varias penales, abandonó el cargo para salir con toda libertad y descaro a seguir promoviendo para la gobernación la candidatura de Rafael Martínez y la de su hermana a la alcaldía, hoy sustituida por Jorge Agudelo.
El caso de Medellín es similar, con la renuncia de Daniel Quintero para liderar, como ya lo venía haciendo, las campañas de Juan Carlos Upegui a la alcaldía y la de Esteban Restrepo a la gobernación.
En Sucre, Héctor Olimpo Espinosa se la juega toda por su exsecretaria de despacho Lucy García. Pero también en este caso ninguna investigación avanza. Nada sabemos de las pesquisas sobre el contrato de los kits alimentarios, nada sobre las vías de San Onofre, Las Tablitas-San Marcos, la liquidación de la red pública de hospitales, donde, además, se crearon 500 cargos en pleno proceso electoral.
Los casos de Guainía, Soacha, Cali, Tunja y Villavicencio son igualmente descarados, pero nadie hace ni dice nada. Igual ocurre en todos lados en donde gobernadores y alcaldes promueven abierta e ilegalmente a sus sucesores.
Se empieza a abrir paso una reforma del Consejo Nacional Electoral, gran responsable de lo que está sucediendo al haber autorizado la creación de 37 nuevos partidos que han degradado con su feria de avales este debate electoral.
Así las cosas, la única buena noticia de estos comicios regionales será la monumental paliza electoral que recibirá el Pacto Histórico. Ya veremos si Petro puede seguir invocando el apoyo del pueblo a sus inconvenientes reformas.