La reciente alerta emitida por la Contraloría General sobre el crecimiento de los grupos armados ilegales en Colombia tiene un impacto particularmente crítico en el Valle del Cauca, donde la presencia de estas organizaciones se ha intensificado de manera alarmante. El informe nacional señala que entre 2019 y 2025 la presencia de estructuras ilegales pasó de 195 a 518 municipios, un aumento superior al 165 %. En este panorama, el Valle se ha convertido en uno de los epicentros más golpeados por la violencia y la disputa territorial.
El departamento enfrenta la presión de múltiples actores armados que buscan controlar corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas. Municipios como Tuluá, Jamundí, Buenaventura y zonas rurales de Palmira y Pradera han sido escenario de enfrentamientos, amenazas y reclutamiento de menores. La expansión de estas estructuras no solo se traduce en homicidios y desplazamientos, sino también en un clima de inseguridad que afecta la vida cotidiana de las comunidades.
Uno de los mayores problemas en la región es la influencia de las disidencias de las FARC comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, quien ha consolidado un poder creciente en áreas rurales del Valle. Su estructura ha fortalecido alianzas con bandas locales y ha extendido su control sobre rutas estratégicas, generando un desafío directo para la Fuerza Pública. El informe de la Contraloría advierte que los enfrentamientos con estos grupos aumentaron un 111 % en el país, alcanzando cifras históricas, y el Valle del Cauca refleja con crudeza esa tendencia, mientras la violencia se expande, la inversión en ciencia, tecnología e innovación sigue rezagada, con apenas el 0,2 % del PIB destinado a este sector, muy por debajo del promedio de la OCDE. Esta falta de inversión limita la capacidad del Estado para ofrecer alternativas de desarrollo y oportunidades reales a los jóvenes, quienes terminan siendo blanco fácil de los grupos armados.
