Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Los cultivos ilícitos y la producción de coca y sus derivados aparecieron un día en medio de la guerra sin nombre del país, como una oportunidad para hacer creer a los habitantes de muchas zonas del territorio nacional que mediante la práctica de tales actividades podrían salir fácilmente de la pobreza y la miseria en que estaban sumidos.
Y gracias a esa mentira, Nariño es a nivel nacional uno de los departamentos con mayores cultivos ilícitos y, por ende, de la producción de alcaloides, al punto que municipios como Tumaco, Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, Ipiales, La Tola, Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán y Santa Bárbara, están cubiertos de plantíos de coca, así digan lo contrario.
Sin embargo, esa triste realidad en que viven dichas localidades ha servido, además, para que gentes de otras latitudes llegarán por montones a sus territorios en búsqueda de un “sueño”, una “esperanza” en medio del narcotráfico para poder sobrevivir.
Es así como hoy en día en casi la mayoría de los municipios del departamento existen personas de diferentes grupos étnicos que conviven bajo un solo denominador común: Trabajar para el narcotráfico.
Frente a ese panorama, se puede afirmar que Nariño tiene una “economía” del narcotráfico y todo el poder que de éste se deriva, lo cual a todas luces preocupa porque para “los narcotraficantes y todos aquellos directamente involucrados en el comercio ilícito de la droga, los dividendos recibidos son incentivos sumamente poderosos que los llevan a usar todos los medios criminales a su alcance, como el asesinato, la intimidación y el chantaje con la finalidad de no perder el dinero que obtienen y las comodidades que les puede ofrecer.
Y mientras se mantenga esa “economía del narcotráfico” será un obstáculo más para que el llamado posconflicto en esta sección del país llegue a feliz término, en razón a que los grupos delincuenciales organizados, miran en dicha economía el “combustible” que necesitan en aras de financiar su presencia, sin que les importe en lo más mínimo el que tengan que adelantar toda clase de violencia con tal de subsistir y demostrar que son “grupos de presión” frente a la institucionalidad.
Así las cosas y si queremos salvar a Nariño y, por ende, al país de los tentáculos del narcotráfico, se tienen que tomar acciones efectivas desde el punto de vista jurídico y político, dado que las erradicaciones manuales que se llevan a efecto por los mismos cultivadores y la policía nacional no han servido para acabar de raíz el problema.
Por ello, la verdadera discusión está «sobre la amenazas y riesgos que afronta el país por cuenta del crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos y las consecuencias que esto trae en la seguridad nacional y la protección de los derechos de los colombianos».
Amenazas y riesgos que podrían desembocar en el recrudecimiento de una violencia renovada no sólo en Nariño sino también en otras regiones del país como consecuencia del narcotráfico, el cual ha servido para que las organizaciones criminales de todos los matices tiendan a fortalecerse cada vez más ante la pasividad del actual gobierno para combatirlas.