El debate sobre la prestación de servicios públicos por parte de entidades públicas o privadas es amplio, inacabado y sin consenso. De un lado, quienes defienden la prestación estatal de servicios públicos se centran en la necesidad de una mayor democratización del servicio, en la participación ciudadana, en las ganancias en cobertura y en una defensa del interés público sobre el privado. En su dimensión menos elaborada y demagógica la defensa de la prestación pública acude a argumentos que, si bien no tienen una base real, son efectistas y buscan crear indignación y manipulación como: “orientación a las ganancias y al negocio”, “necesidad de tarifas gratuitas”, “monopolio privado que abusa de su posición dominante”, “neoliberalismo” y hasta el viejo argumento de la “colonización”, cuando se trata de inversión extranjera.
De otro lado, quienes defienden la participación privada en la prestación de servicios públicos argumentan que se favorece la eficiencia, la innovación, la reducción de la carga fiscal del Estado, la diversificación del riesgo (pues este ya no es asumido por el Estado), la limitación de la influencia política o la especialización en actividades propias de la prestación. En su versión más simple, se argumenta que la intención de llevar estos servicios a lo público es una falacia, pues los ciudadanos realmente no son dueños de la empresa pública y por lo tanto no tienen oportunidad de participar en sus decisiones ni en sus dividendos, los dueños de la empresa serían entonces quienes la manejan, los administradores públicos que pueden decidir los nombramientos y la codiciada contratación.
Pero para que un debate sea enriquecedor se debería empezar por desechar los argumentos simplistas o poco elaborados, pues estos no hacen una aportación real a la construcción de conclusiones que sean fundamento de decisiones de la ciudadanía y sus representantes.
Un análisis detenido de las ventajas y desventajas de la prestación pública o privada es extenso, baste con decir que connotados economistas y pensadores han hecho parte de dichas posiciones de lado y lado, aunque vale la pena también señalar que muchos de ellos han defendido la participación estatal, no necesariamente como prestadores directos de servicios, sino en su rol como reguladores o creadores de sistemas económicos con dirección del Estado.
Lo cierto es que en Colombia existe un marco legal donde la presencia del Estado es permanente, pues es él quien dirige la política económica, sectorial, la regulación y la vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios. Además las reglas cobijan tanto a públicos como a privados por igual, de modo que los dos tienen los mismos incentivos centrados en los principios de la ley: solidaridad, neutralidad, eficiencia y suficiencia financiera, sin la cual no es posible prestar el servicio.
Pero no es necesario llevar el debate a esferas tan abstractas, más allá del interés dialéctico, el debate de la prestación del servicio público de aseo y gestión de residuos en la ciudad de San Juan de Pasto debería centrarse en la evidencia. El modelo de prestación en la ciudad de Pasto es ejemplar en cuanto a su composición; el municipio es socio de la empresa de gestión de residuos, además se cuenta con accionistas comunitarios, lo que garantiza la participación ciudadana en las decisiones de la empresa. La cobertura del servicio es del 100%, tanto en la recolección como en el barrido de su área de prestación y en las demás actividades de limpieza urbana la operación es referencial. Por otro lado, su parque de disposición y tratamiento de residuos (Centro Inteligente de Gestión Ecológica.-CIGE-) es uno de los mejores, si no el mejor- de Colombia y de América Latina, así reconocido por varios expertos que han resaltado la integralidad en el manejo de residuos (con tecnologías para el tratamiento de lixiviados, captura activa y aprovechamiento de biogás, tratamiento de residuos peligrosos y de construcción y demolición, además de compostaje), la integración al entorno ecológico (incluye senderos ecológicos, viveros, miradores y programas de conservación de fauna y flora) e integración del entorno comunitario (el CIGE fue visitado por más 5.000 personas el año pasado, entre los que se incluyen centenares de estudiantes de grados escolares y universitarios). Otro elemento a resaltar del parque es el uso de la tecnología que incluye topografía por drones, caudalímetros con reporte en tiempo real y todo tipo de elementos para el control y procesamiento de datos.
La tarifa cobrada al estrato 4 en Pasto tampoco se encuentra entre las más altas del país, ni es superior tampoco a la de ciudades de tamaño similar como Manizales, Ibagué o Montería (recordemos que en la regulación tarifaria juega la escala). En cualquier caso, debe señalarse que las tarifas no son fijadas autónomamente por un prestador del servicio público, por más privado que este sea no existe tal libertad, en realidad las tarifas se calculan observando una metodología regulada por la CRA que tiene en cuenta los costos de prestación de las diferentes actividades que componen el servicio. El proceso de gobierno corporativo en Pasto es motivo de orgullo y ejemplo para varias ciudades del país, durante años la asociación municipio-empresa ha demostrado ser de una productividad social tremenda, las decisiones empresariales se han tomado conjuntamente, ha dado dividendos al municipio para su inversión social y ha creado un servicio envidiable. Creo que este es un modelo que debe fortalecerse día a día, a pesar de los cantos de sirena.