La Procuraduría General de la Nación emitió una nueva Directiva para garantizar la paridad de género en las ramas y órganos del poder público, conforme a la Ley 581 de 2000, 2424 de 2024 y el Decreto 859 de 2025.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, emitió una directiva dirigida a los representantes legales de las entidades de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así como a organismos autónomos y de control, con el fin de asegurar el cumplimiento de la «Ley de Cuotas».
A través de este documento, el Ministerio Público recuerda la aplicación de los nuevos criterios de paridad, los cuales establecen que:
Mínimo el 50 % de los cargos de Máximo Nivel Decisorio deben ser desempeñados por mujeres.
Mínimo el 50 % de los cargos de Otros Niveles Decisorio deben ser ocupados por el género femenino.
Para los cargos provistos mediante sistema de listas, se debe incluir a hombres y mujeres en igual proporción.
En el caso de ternas, se debe garantizar la inclusión de, al menos, una mujer.
La Procuraduría advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones constituye una causal de mala conducta. Las autoridades nominadoras que ignoren esta normativa podrían enfrentarse a sanciones de suspensión de hasta 30 días y, en caso de persistir en la conducta, la destitución del cargo.
La Directiva resalta que, según el informe del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) de 2024, la participación femenina en el Máximo Nivel Decisorio se ubicó en un 46,62 %, mostrando una ligera disminución respecto al año anterior. Por ello, se exhorta a todas las entidades a reportar y mantener actualizada su información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) para facilitar el control preventivo.
Con esta actuación, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la erradicación de la discriminación estructural, la promoción del liderazgo femenino en el sector público y la consolidación de una administración pública más equitativa, incluyente y respetuosa de los derechos fundamentales, en consonancia con el Estado Social de Derecho. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, con el apoyo de las procuradurías regionales y distritales, será la encargada de realizar el seguimiento estricto al cumplimiento de estas órdenes en todo el territorio nacional.