La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de 10 años de inhabilidad al excanciller Álvaro Leyva por declarar desierta una licitación pública con la empresa Thomas Greg sin una justificación legal adecuada. El procurador Ernesto de Jesús Espinosa, presidente de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, explicó en una entrevista con La W que Leyva actuó sin fundamento legal al cancelar el proceso licitatorio, una decisión que fue debatida y adoptada de acuerdo con el reglamento interno de la Procuraduría.
Espinosa destacó que, a diferencia del caso de la exministra de las TIC Karen Abudinen, quien no fue sancionada, Leyva asumió responsabilidad directa en las decisiones tomadas durante la licitación. El procurador aclaró que los casos son distintos, ya que Abudinen no tenía conocimiento de la falsedad de las pólizas involucradas, mientras que Leyva fue advertido sobre la situación en la licitación y, aún así, procedió con la declaratoria de desierta.
El fallo subraya una diferencia clave en la actuación de ambos funcionarios: la ministra Abudinen no estuvo directamente involucrada en la toma de decisiones relacionadas con los documentos falsificados, mientras que Leyva fue informado de la irregularidad en la licitación y tomó la decisión de declararla desierta sin una justificación válida.
Esta sanción resalta las diferencias en el tratamiento y las responsabilidades de los funcionarios frente a situaciones de irregularidades administrativas en el país.