El Ejército Nacional de Colombia confirmó la presencia masiva de minería ilegal en la finca La Mandinga, un extenso terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas ubicado en Caucasia, colindante con el Batallón de Infantería No. 31 Rifles. Según el comunicado oficial, entre 2.000 y 2.500 personas estarían dedicadas a la explotación aurífera sin contar con títulos legales ni permisos ambientales, lo que ha generado un impacto ecológico calificado como severo e irreversible.
Actividad ilegal
El predio, administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se ha convertido en un punto crítico para las autoridades, no solo por la magnitud de la actividad ilegal, sino por su cercanía con instalaciones militares. Desde el año 2022, el Ejército asegura haber reportado la situación ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, además de realizar más de 20 intervenciones que han incluido la destrucción de maquinaria utilizada en la extracción ilícita de oro.
La Ejército Nacional de Colombia, a través de su Séptima División, reiteró su compromiso de continuar con operaciones ofensivas e interinstitucionales contra los grupos ilegales que financian sus actividades mediante la minería ilegal. Asimismo, anunció nuevas acciones judiciales contra quienes sean sorprendidos realizando estas prácticas dentro de la zona.
Sin embargo, la gravedad del caso tomó mayor relevancia tras la publicación de un reportaje del medio internacional The New York Times, elaborado por el fotoperiodista Federico Ríos. La investigación documentó una operación minera a gran escala denominada La Mandinga, presuntamente bajo control del Clan del Golfo, que utilizaría esta actividad como fuente de financiación.
Informe
El informe reveló que la explotación ilegal ocurre prácticamente dentro del perímetro militar, sin una división clara entre la mina y la base del Ejército. A través de imágenes captadas con drones y testimonios de trabajadores, se evidenció el uso de maquinaria pesada y mangueras de alta presión en zonas boscosas pertenecientes al Estado.
Durante una inspección en terreno, el coronel Daniel Echeverry, comandante de la base, reconoció la existencia de la actividad minera tras haberla negado inicialmente, ordenando de inmediato un operativo de desalojo. Esta acción generó enfrentamientos, bloqueos y disturbios en la vía Troncal de Occidente por parte de quienes se benefician de esta economía ilegal.
El caso ha escalado a nivel nacional e internacional, especialmente tras conocerse que el oro extraído podría estar alimentando circuitos comerciales globales, incluso llegando a la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Frente a estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció la apertura de investigaciones para determinar posibles omisiones o vínculos entre miembros de la Fuerza Pública y estas actividades ilícitas.
El Gobierno reiteró que no habrá tolerancia frente a la minería ilegal ni a cualquier tipo de connivencia con estructuras criminales, subrayando la necesidad de fortalecer los controles y garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad en la región.
