Un nuevo incremento en los precios de los combustibles comenzó a regir en Colombia desde el pasado 1 de abril, tras el anuncio realizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, generando preocupación en distintas regiones del país por su impacto en la economía.
El ajuste estableció un alza de 375 pesos por galón en la gasolina corriente y de 81 pesos en el diésel (ACPM), revirtiendo parcialmente la reducción que se había registrado en meses anteriores y afectando directamente el bolsillo de los consumidores, especialmente en zonas apartadas.
En departamentos como Nariño, el impacto se siente con mayor intensidad, particularmente en municipios del sur y en zonas de frontera como Ipiales, donde la dinámica económica depende en gran medida del precio de los combustibles.
IMPACTO
Frente a este panorama, Mario Guevara, gerente de Petronar, advirtió que el incremento podría incentivar nuevamente el contrabando de combustible, una problemática histórica en estas regiones debido a la diferencia de costos con países vecinos, lo que afecta tanto la economía formal como la estabilidad del mercado.
Según explicó, esta situación genera competencia desleal, pérdidas para los distribuidores legales y además representa un riesgo en materia de seguridad, al estar vinculada en muchos casos a economías ilegales que operan en la zona fronteriza.
Por su parte, las autoridades indicaron que continuarán monitoreando el comportamiento de los precios y sus efectos en las diferentes regiones del país, con el fin de adoptar medidas que permitan mitigar los impactos negativos.
El aumento, aunque de alcance nacional, vuelve a poner en evidencia las particularidades de los territorios fronterizos, donde cualquier variación en los costos genera repercusiones más profundas en la economía local.
Mario Guevara, gerente de Petronar
