La Procuraduría General de la Nación le ha solicitado al Consejo de Estado que rechace la medida cautelar propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para suspender de manera provisional la licencia ambiental otorgada para la ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá. El Ministerio Público argumentó que la solicitud de suspensión debe basarse en pruebas sólidas que demuestren un riesgo o daño potencial al medio ambiente o la salud humana, como plantea la demanda, pero hasta ahora las pruebas presentadas no evidencian efectos adversos graves e irreversibles.
En su intervención, la Procuraduría destacó que la licencia ambiental es un instrumento legal fundamental para garantizar el control, la mitigación y la compensación de posibles impactos ambientales, y que la aprobación de esta licencia ya había tenido en cuenta la sustracción de una parte de la reserva Thomas Van der Hammen, lo cual ocurrió antes de otorgar la licencia. Así, el ente de control negó que se haya desconocido la existencia de la reserva, contradiciendo las afirmaciones del demandante.
La Procuraduría también subrayó que, dado que se trata de una obra de mejoramiento o ampliación y no de una construcción completamente nueva, no es necesario realizar un diagnóstico ambiental de alternativas
En resumen, la Procuraduría defiende la validez de la licencia ambiental y argumenta que no existen pruebas suficientes que justifiquen la suspensión provisional solicitada por el Ministerio de Ambiente, pidiendo al Consejo de Estado que desestime la solicitud. Este caso refleja las tensiones entre las autoridades ambientales, los intereses urbanos y la protección del medio ambiente en el desarrollo de proyectos de infraestructura en Bogotá.