En la frontera con Ecuador, gremios exigen derechos laborales y respaldo a reformas sociales claves para el país
Este jueves, en el puente internacional de Rumichaca, frontera entre Colombia y Ecuador, se vivió una intensa jornada de movilización social en el marco de la protesta nacional convocada por las centrales obreras, sindicatos del magisterio, organizaciones sociales y movimientos populares. Los protagonistas en el sur del país fueron los docentes del departamento de Nariño, acompañados por trabajadores estatales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, quienes salieron a las calles para exigir garantías laborales, respeto por la educación pública y respaldo a las reformas sociales impulsadas a nivel nacional.
Desde tempranas horas de la mañana, la movilización en el municipio de Ipiales tomó fuerza con pancartas, arengas, intervenciones culturales y consignas que reflejaban el sentir de los educadores y otros sectores frente a lo que consideran un momento crucial para el país.
«Estamos aquí no solo por los derechos del magisterio, sino por la salud, la dignidad del trabajo y la justicia social. El pueblo colombiano exige ser escuchado», expresó Claudia Narváez, docente y líder sindical de la región.
La movilización se llevó a cabo de forma pacífica, con una concentración simbólica en el puente de Rumichaca, donde los manifestantes tendieron banderas, leyeron proclamas y recordaron las deudas históricas del Estado con los territorios fronterizos
Entre los principales reclamos se encuentra la defensa del régimen especial de salud para los maestros, la oposición a la tercerización laboral, el respaldo a la reforma pensional y laboral, y un llamado para que las inversiones públicas lleguen a regiones apartadas como Nariño, donde el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado.
Además del magisterio agremiado en Fecode y Simana, participaron representantes de sindicatos de trabajadores del sector salud, empleados públicos, juventudes universitarias y organizaciones indígenas del sur del país.
Por su parte, voceros del gobierno local indicaron que se garantizó el derecho a la protesta y se establecieron rutas de diálogo para recoger las peticiones que serán trasladadas a instancias nacionales.