Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Cada elección legislativa suele venir acompañada de promesas, caravanas, discursos y una inevitable dosis de escepticismo ciudadano. Sin embargo, este ocho de marzo, cuando los colombianos acudamos a las urnas para elegirsenadores y representantes a la Cámara, el voto tiene un significado que va mucho más allá de una simple jornada electoral: es una decisión sobre el rumbo del país y sobre la posibilidad real de construir paz con justicia social y equidad.
Para un departamento como Nariño, históricamente golpeado por la violencia, el abandono estatal y las profundas desigualdades, el Congreso de la República no puede seguir siendo un escenario lejano ni indiferente. Allí se discuten las leyes, los presupuestos, las reformas y las decisiones que terminan definiendo si los territorios avanzan o continúan atrapados en el atraso.
Por eso, votar no es un acto menor. Es la oportunidad de enviar al Congreso voces que entiendan la realidad del Pacífico, de la cordillera, de los campesinos que siembran esperanza en medio de la adversidad, de los jóvenes que buscan oportunidades y de las comunidades que durante décadas han pedido algo elemental: dignidad y presencia real del Estado.
Colombia necesita congresistas que comprendan que la paz no se firma únicamente en acuerdos o discursos. La paz se construye con inversión social, con educación, con vías para el campo, con oportunidades para los jóvenes, con respeto por los territorios y con decisiones legislativas que reduzcan las brechas de desigualdad que históricamente han alimentado el conflicto.
Pero para que eso ocurra, el país también necesita ciudadanos conscientes. Votar con criterio, con memoria y con responsabilidad. Elegir a quienes tengan la convicción de trabajar por el bien común y no a quienes ven en el Congreso únicamente una plataforma para beneficios personales, cuotas burocráticas o privilegios políticos.
El Congreso debe dejar de ser, para muchos, un espacio de intereses particulares y convertirse verdaderamente en el lugar donde se defienden los intereses colectivos del país. Allí deben llegar hombres y mujeres con la capacidad de pensar en Colombia más allá de los cálculos electorales, con la valentía de legislar para cerrar brechas y con el compromiso de construir un país más justo.
Este ocho de marzo no es un día cualquiera en el calendario democrático. Es el momento en que los ciudadanos pueden recordarles a los políticos que el poder no es un privilegio personal, sino una responsabilidad con la sociedad. Nariño necesita congresistas que lleven su voz al Capitolio, pero sobre todo necesita ciudadanos que voten con dignidad, con conciencia y con esperanza.
Porque cuando el voto se ejerce pensando en el bien común, deja de ser un simple derecho y se convierte en una herramienta poderosa para transformar el país. Y Colombia —hoy más que nunca— necesita un Congreso que legisle para la paz, para la justicia social y para la equidad de todos los territorios
Además, este ocho de marzo debe ser también una jornada de dignidad democrática. Un día en el que los ciudadanos demuestren que la conciencia vale más que cualquier billete, que la esperanza vale más que cualquier promesa vacía y que el futuro de nuestros territorios no está en venta, porque el futuro de Colombia y, en especial, de Nariño, no se vende: se decide en las urnas.
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