El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a un video difundido por alias “Antonio Medina”, comandante del frente 10 de las disidencias de Iván Mordisco, en el cual se acusaba al mandatario de ser responsable de la muerte de varios combatientes y de tener supuestos vínculos con el ELN. Petro aclaró que algunas afirmaciones del disidente contienen fragmentos de verdad, pero señaló que otras son manipulaciones destinadas a confundir a la opinión pública y justificar la violencia de estos grupos.
El presidente explicó que, en Arauca, el grupo armado que ha cometido la mayoría de asesinatos y secuestros de civiles ha sido el ELN, bajo el mando de alias “Pablito”, y que esta guerrilla financia gran parte de sus operaciones mediante el narcotráfico en zonas estratégicas como Arauca y el estado venezolano de Apure. Petro detalló que medios nacionales e internacionales han confirmado que el ELN mantiene secuestradas a diversas personas, incluyendo policías, militares, funcionarios públicos, contratistas y civiles de la región. El Frente de Guerra Oriental sería el responsable de estos hechos.
Sin embargo, el mandatario recalcó que la ofensiva militar más fuerte del Estado se ha dirigido hacia las disidencias de Iván Mordisco, no hacia el ELN, debido a la estrecha relación de estas disidencias con redes de narcotráfico y minería ilegal, actividades que constituyen su principal fuente de financiación. Petro recordó que estas estructuras rechazaron participar en procesos de paz, a pesar de haber recibido propuestas formales de negociación.
El jefe de Estado negó categóricamente las acusaciones de que habría recibido dinero del ELN y aseguró que tales señalamientos son falsos y peligrosos. Agregó que esa guerrilla abandonó hace tiempo cualquier proyecto político o social, y que hoy opera como una organización criminal dedicada al narcotráfico y al secuestro.
Petro también explicó que la intervención militar contra el frente 10 en Arauca se dio porque las disidencias renunciaron al diálogo y optaron por continuar en la ilegalidad. Afirmó que las acciones del gobierno no son persecuciones políticas, sino medidas de seguridad para proteger la vida de la población y la institucionalidad del país. Sobre las muertes ocurridas en los recientes operativos, incluidas las de menores de edad, el mandatario responsabilizó directamente a las disidencias por reclutar niños y adolescentes para combatir, lo que constituye un crimen de guerra.
Finalmente, el presidente reiteró que su gobierno mantiene su apuesta por la paz, pero aclaró que no habrá negociaciones con grupos que continúan delinquiendo, financiándose de economías ilícitas y reclutando menores. La paz —insistió— es un camino abierto, pero no a cualquier costo ni con actores que rehúsan apartarse de la violencia.