El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo vital para 2026 y defendió la legalidad de la medida adoptada por su Gobierno. Aunque aseguró que respetará el fallo judicial, sostuvo que el decreto está respaldado por la Constitución y que actuará conforme a sus mandatos, especialmente en lo relacionado con la protección del poder adquisitivo de los trabajadores.
A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, Petro afirmó que el salario vital no solo tiene sustento jurídico, sino también económico. Indicó que el decreto transitorio ordenado por el magistrado ponente será expedido, pero respetando tanto la decisión judicial como los principios constitucionales que, según dijo, obligan al Estado a evitar el deterioro real del salario.
Como señal de respeto institucional, anunció que el ministro de Trabajo convocará una reunión de concertación para analizar el nuevo decreto, y que también solicitó un encuentro con la coordinación de movimientos sociales para evaluar el alcance de la suspensión y las acciones a seguir mientras se resuelve de fondo el proceso judicial.
El mandatario explicó que la concertación se basará en estudios económicos recientes que, según afirmó, muestran que el impacto del salario vital sobre el aumento de precios —particularmente en alimentos— es marginal. Asimismo, planteó la necesidad de analizar otros factores que influyen en la economía, como el alza de las tasas de interés, su efecto en el empleo, el déficit fiscal y el comportamiento general de la inflación.
En su pronunciamiento, Petro sostuvo que los derechos privados que el alto tribunal debe proteger incluyen también los derechos del pueblo trabajador. Advirtió que frenar el aumento salarial podría reducir la demanda de bienes básicos, afectar la dinámica económica y profundizar problemas como el hambre y la desnutrición infantil. A su juicio, un deterioro del salario real tendría consecuencias sociales graves y sería contrario al espíritu constitucional.
Finalmente, el presidente planteó que los sectores del gran capital deberán definir si están dispuestos a avanzar hacia un “pacto social de la vida y de la paz” o si optarán por un escenario de confrontación social y política. Invitó al pueblo trabajador a pronunciarse frente a la decisión judicial y reafirmó que su Gobierno responde tanto al mandato popular como a la Constitución, en lo que anticipa un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el alto tribunal por la política salarial.
