Por José Oswaldo Barco Melo
El 15 de noviembre del 2005, mediante decreto presidencial del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se declaró como zona de desastre a consecuencia de la actividad del volcán Galeras, parte de los municipios de La Florida, Nariño y Pasto.
Transcurridas más de dos décadas, este decreto, convirtió los niveles de pobreza en niveles de miseria a los habitantes afectados por la falta de inversión oficial y privada por culpa de la declaratoria, donde se invirtieron millonarios recursos superiores a los 30 mil millones de pesos que no llegaron a su destino y se despilfarraron en burocracia, compra de bienes, capacitaciones, además de la construcción de albergues que, en estos momentos, están totalmente destruidos y desmantelados.
Negocios ‘chuecos’
A muchas familias ubicadas en la antigua zona de amenaza alta del volcán Galeras, les compraron sus viviendas a precios irrisorios, mientras que en las casas de estratos altos del barrio Briceño de Pasto, fueron comprados a precios desorbitantes.
Pero, en el caso de las familias que residían en los corregimientos de Mapachico y Genoy en Pasto y, los municipios de Nariño y La Florida, la situación fue de extrema gravedad, puesto que se vieron obligados a sus lugares de origen en calidad de arrendatarios, puesto que en la reubicación en las ciudades no encontraron proyectos de vida para una subsistencia digna.
Importantes luchas
Fue así como las comunidades perjudicadas conformaron en el año 2006, la Fundación Florida Unida y posteriormente, el Movimiento Territorial Galeras, que agrupa a los habitantes de los 3 municipios para defender los derechos y dignidad que estaba siendo vulnerada por carencia de políticas claras durante todo este prolongado proceso.
Como resultado de esta lucha de las comunidades y autoridades, hoy se cuenta con estudios que determinaron que gran parte de la zona alta y media que cobijó el decreto, en realidad no se encontrabas en un sector de riesgo en caso de una eventual erupción del volcán Galeras.
También, actualmente se tiene un Plan Integral de Gestión de Riesgo, socializado por las comunidades con una inversión de 586 mil millones de pesos, para el retorno a la normalidad, recursos que lamentablemente en estos instantes se encuentran solo en palabras, por lo que las comunidades esperan que esta vez sí se inviertan estos recursos.
Derogación de decreto
En su última visita a Ipiales, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, realizó un Consejo Nacional de Riesgos, en desarrollo del cual participaron todos sus ministros, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, el director nacional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, Ungrd, Carlos Carrillo y los alcaldes de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, de Nariño, Roberto Betancourt y de La Florida, Andrés Díaz.
En esa oportunidad, el mandatario nacional, Gustavo Petro, se comprometió de manera pública, a derogar el decreto 4106 del 15 de noviembre del 2005, mediante el cual se decretó Zona de Desastre por amenaza volcánica.
En la gráfica, Harold Chávez, Taita Henry Criollo Rivadeneira, gobernador del Resguardo Indígena de Genoy, Jairo López, Coordinador de Gestión del Riesgo del municipio de Nariño, Marcela Guerrero, funcionaria de la Oficina Administrativa de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Nariño, Rodrigo Garzón, Concejal del municipio de Nariño, Mónica Pacichana Gobernadora suplente del Resguardo Indígena de Genoy, Ingeniero Gabriel Ocaña, Director de la Oficina Administrativa de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Nariño, Celina Insuasty lideresa del Corregimiento de El Chorrillo, municipio de Nariño, William Achicanoy, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Mapachico, Lucio Figueroa, líder de la vereda de Briceño Alto, municipio de Pasto, Víctor Raúl Martínez, presidente de la Red de Acueductos Rurales del municipio de Pasto, y Joel Rosero, líder del Corregimiento de El Chorrillo, municipio de Nariño.
El presidente del Movimiento Territorio Galeras, Edgar Torres Palma, manifestó a DIARIO DEL SUR, que esta lucha de 21 años, les dio la razón a las comunidades.
Al respecto, Torres Palma señaló que en el año 2015 se expidió la sentencia 269, emanada por la Honorable Corte Constitucional, que en su artículo sexto, ordena realizar unos estudios detallados de riesgo en vulnerabilidad y elementos expuestos donde la Ungrd destinó recursos por el orden de los 5 mil millones de pesos, los cuales fueron contratados con la firma Ingeniar bajo la dirección del doctor Omar Darío Cardona, donde se realizaron los estudios correspondientes con 4 componentes: el primero, flujo de lodo, el segundo flujo de escombros volcánicos, el tercero flujos piroclásticos y el cuarto, corrientes de densidad piroclástica.
Agregó que estos estudios fueron entregados a la Ungrd, así como a los alcaldes de la zona para que realicen los ajustes correspondientes a los esquemas de ordenamiento territorial, con el nuevo Plan Integral de Gestión de Riesgos.
El coordinador Departamental de la Ungrd, Gabriel Ocaña, expresó que se avanza con el plan de gestión de riesgo, pues ya se puede invertir en zonas que anteriormente estaban restringidas debido al decreto.
Al respecto, el funcionario señaló que de los 586 mil millones, a los 3 municipios les corresponde aportar el 1%, la Gobernación de Nariño, el 4% y el resto al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda, “dinero que nos corresponde gestionar ante los diferentes ministerios, donde esperamos contar con todas las garantías y apoyo como una compensación por la falta de inversión durante estos 21 años.
El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, manifestó su complacencia ante el pronunciamiento hecho por el presidente de la República, Gustavo Petro en el Concejo Nacional de Gestión del Riesgo, realizado recientemente en Ipiales, donde anunció la próxima firma del decreto que deroga el anterior decreto 4106 del 15 de noviembre del 2005.
“Esto impulsará el desarrollo y progreso de las comunidades afectadas, que en el caso de Pasto, son los habitantes de los corregimientos de Mapachico y Genoy”, afirmó el mandatario municipal.
Agregó que ya se presentaron proyectos para ser incluidos en el Plan Integral de Gestión del Riesgo, “donde esperamos se cumplan los compromisos para financiación de los mismos, por parte del Gobierno Nacional, donde se espera en esta vigencia y vigencias futuras la inversión de 246 mil millones de pesos.”
El alcalde de La Florida, Andrés Díaz Muñoz, manifestó que el fruto de estos resultados positivos, luego de 21 años se debe agradecer a la Fundación Florida Unida y al Movimiento Territorio Galeras, hoy cuando el Gobierno con este municipio, se ha comprometido con una inversión de 240 mil millones de pesos.
Al respecto, el alcalde señaló que “el Gobierno Nacional, tiene una deuda histórica por más de dos décadas de abandono por la falta de inversión, lo que paralizó y afectó las diferentes actividades económicas del municipio y actualmente contamos con proyectos para ser presentados en materia de prevención, salud, educación, sector agropecuario, deporte, acueductos y alcantarillados e inversión social, entre otros.”
El alcalde de Nariño, Roberto Betancourt Ramos expresó su alegría por el éxito alcanzado en las luchas de las comunidades en torno a este traumático proceso Galeras, donde su municipio se vio afectado durante estos 21 años por los efectos del decreto presidencial 4106 del 15 de noviembre de 2005.
“Hoy damos un parte de tranquilidad a los habitantes del corregimiento de El Chorrillo, veredas Maragato, Yunguillo y Pueblo Viejo, donde al municipio de Nariño, dentro del Plan de Gestión Integral de Riesgo, pretendemos incluir proyectos por cien mil millones de pesos de los 586 mil millones de pesos, donde esperamos que el Gobierno Nacional cumpla no solo con nuestro municipio, sino también con La Florida y Pasto.
