El Copey, municipio ubicado al noroccidente del Cesar, consolida avances significativos en la implementación de la política de reparación integral, tanto en la etapa administrativa como en la judicial. La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Cesar–La Guajira, lidera estas acciones en favor de las víctimas de despojo y abandono forzado.
Con corte a marzo de 2026, la URT ha tramitado 788 solicitudes en la etapa administrativa en este municipio. De ese total, la entidad inscribió 217 casos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), requisito clave para acceder a la fase judicial. Actualmente, los equipos jurídicos impulsan 124 demandas ante jueces y magistrados especializados. Además, la URT analiza 41 casos en fase previa y adelanta el estudio formal de otros 102, lo que demuestra su compromiso con un proceso garantista para las víctimas.
En la etapa judicial y de posfallo, los resultados en El Copey son contundentes. Los jueces han emitido 111 sentencias de restitución que han permitido devolver 3.395 hectáreas a sus legítimos reclamantes. Estas decisiones han beneficiado a más de 400 personas de 97 familias víctimas del conflicto armado, quienes hoy reconstruyen sus proyectos de vida y avanzan en procesos de retorno.
“Cada cifra representa una historia de lucha por la tierra, la dignidad y la reparación. En municipios como El Copey y en los departamentos de Cesar y La Guajira, seguimos fortaleciendo una restitución con enfoque territorial y centrada en las víctimas, para que la justicia llegue a quienes fueron despojados”, afirmó Sergio Murillo Clavijo, director territorial de la URT Cesar–La Guajira.
La articulación entre la URT y la Rama Judicial ha transformado el acceso a la tierra en este municipio, históricamente afectado por el conflicto armado. Estas acciones no solo restituyen predios, sino que también dignifican a las comunidades.
Con estos resultados, la URT Cesar–La Guajira reafirma su compromiso con una política más efectiva y humana, y trabaja para que la Ley 1448 de 2011 siga siendo una herramienta real de justicia, reparación integral y construcción de paz en la región.
