La historia de Erika Yanira Morales es un grito de dolor que resuena en los rincones más sensibles de nuestra sociedad. A sus 17 años, un accidente brutal la condenó a una vida de inmovilidad y sufrimiento constante.
Hoy, a sus 20 años, su único deseo es el de descansar en paz, una petición que ha sido obstaculizada por un sistema de salud burocrático y un marco legal que, aunque permite la eutanasia, impone trabas casi insalvables.
Erika pasó un año y siete meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un tiempo suficiente para que los médicos determinaran lo irreversible de su condición. Cuadripléjica y con un dolor insoportable, su vida se ha convertido en una lucha diaria contra su propio cuerpo y contra un sistema que no la escucha.
Al no poder moverse ni hablar, su única forma de comunicación es señalando letras del abecedario, con las que ha expresado su deseo de morir dignamente.
La realidad es que acceder a la eutanasia en Colombia sigue siendo un proceso lleno de obstáculos. Cada solicitud debe ser evaluada por un comité médico, el cual determina si el paciente cumple con los criterios establecidos. En el caso de Erika, su EPS, Emssanar, ha rechazado su solicitud, argumentando que no cumple con los requisitos. Pero, ¿cómo puede una persona que ha perdido toda movilidad, que vive en un dolor insoportable y que no tiene ninguna posibilidad de recuperación no calificar para este procedimiento?
El caso de Erika pone en evidencia las fallas del sistema de salud colombiano. A pesar de que la eutanasia está despenalizada, las EPS siguen imponiendo barreras administrativas y burocráticas que niegan el acceso a este derecho. En muchas ocasiones, los pacientes deben recurrir a la justicia para hacer valer su decisión, un camino que para alguien en la condición de Erika es prácticamente imposible de transitar sin el apoyo de su familia y abogados.
Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto el Estado y las instituciones de salud tienen derecho a decidir sobre la vida y el sufrimiento de una persona? La autonomía del paciente es un principio básico de la bioética, y si Erika ha manifestado su voluntad de poner fin a su dolor, ¿quién tiene el derecho de negárselo?
La historia de Erika Morales es un llamado de atención para el país. No se trata solo de una joven que pide morir, sino de una persona a la que se le está negando un derecho reconocido por la ley.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que la eutanasia no sea un privilegio inaccesible, sino un derecho real para quienes lo necesiten. La familia de Erika sigue luchando, pero no deberían tener que hacerlo. Su caso debería ser una prioridad para las autoridades de salud, y su voluntad debería ser respetada.
La pregunta sigue en el aire: ¿Debe un paciente con sufrimiento extremo decidir su destino? La respuesta debería ser clara. En una sociedad que valore la dignidad humana, el respeto por la autonomía del paciente no debería estar en discusión.
Es momento de que el país escuche a Erika y a tantos otros que, como ella, solo piden que se les permita descansar en paz.