Lo que sucede en estos momentos en el municipio nariñense de El Charco no tiene otro calificativo que el de una vergüenza nacional que no se puede permitir bajo ningún punto de vista.
¿Cómo es posible que por las presiones de los grupos ilegales se tenga que retirar la Fuerza Pública de ese territorio de la costa pacífica nariñense?, es el interrogante que hoy nos hacemos, luego de conocer que de ese territorio saldrá el Ejército Nacional como una solución para mejorar el orden público en esa región, seriamente alterado desde hace dos semanas por manifestaciones y parálisis total de actividades.
Ante la posibilidad de que esto ocurra, nosotros también nos preguntamos ¿cómo es posible que el gobierno del presidente Iván Duque y el mismo gobierno departamental en Nariño, sean capaces de darle luz verde a semejante adefesio, como si en Colombia hubiera repúblicas independientes?
Por ello nos parece inconcebible que para solucionar una situación de orden público y, lo que es todavía más grave, después de tres consejos de seguridad realizados por la Gobernación de Nariño con la participación de los consejos comunitarios, resguardos indígenas y las instituciones gubernamentales, se acuerde el retiro progresivo de El Charco de las Fuerzas Militares.
«Lo que tenemos aquí es una descarada manipulación de las organizaciones del narcotráfico, de quienes no se necesita ser adivinos para saber que son esos grupos al margen de la ley los que están financiando el paro de actividades y presionan a las diferentes comunidades para que pidan la salida de la Fuerza Pública, que se constituye en un obstáculo para sus actividades ilegales».
Lo que tenemos aquí es una descarada manipulación de las organizaciones del narcotráfico, de quienes no se necesita ser adivinos para saber que son esos grupos al margen de la ley los que están financiando el paro de actividades y presionan a las diferentes comunidades para que pidan la salida de la Fuerza Pública, que se constituye en un obstáculo para sus actividades ilegales.
Nosotros entendemos la difícil situación por la que atraviesa El Charco, cuyo alcalde titular, Víctor Candelo, se encuentra privado de la libertad con detención en su casa, vivienda que a finales de la semana anterior fue incendiada por los revoltosos, lo que puso en peligro la vida del mandatario electo y de sus familiares.
Vemos, entonces, con enorme preocupación que lo se está fraguando en esta zona del departamento de Nariño no es más que un complot diabólico para que el municipio quede en manos del narcotráfico, lo que no se debe permitir bajo ningún punto de vista.
Se trata de una posibilidad que nosotros rechazamos de manera contundente ante el grave peligro que significa para la soberanía nacional, por lo que esperamos un pronunciamiento de los gobiernos nacional y departamental, en torno a que no se permitirá el exabrupto de autorizar el retiro de las fuerzas militares en un territorio tan convulsionado como es El Charco.
Por el contrario, ante la delicada situación que vive este municipio lo que por lógica se debe hacer es reforzar la presencia de la Fuerza Pública, para no permitir algo tan aberrante, como el que esta población se convierta en zona independiente de Nariño y Colombia. Máxime en estos momentos, cuando en cuestión de pocas semanas, exactamente el 13 de marzo, El Charco será uno de los 16 municipios de Nariño donde se votarán las curules de la paz, proceso que busca darles una representación en el Congreso de la República a las víctimas del conflicto armado.
El Charco no puede convertirse en una vergüenza nacional con semejante “pacto” de retirar la Fuerza Pública del territorio del municipio para solucionar problemas de orden público, y dejar la región en poder de los grupos alzados en armas, dejando por el suelo a las autoridades legalmente constituidas.
¡No hay derecho!
