Con profunda preocupación hemos recibido el reporte entregado en las últimas horas por el señor defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en torno al calvario que viven en nuestro departamento de Nariño los líderes y lideresas sociales y los defensores de derechos humanos.
En efecto, en lo que corresponde a este primer semestre del 2022, Nariño ocupa el segundo lugar en Colombia en lo que tiene que ver con el asesinato de esta clase de personas, hechos de violencia que se han disparado de manera alarmante.
Es así como tenemos que en lo que va transcurrido de este año, que en esta zona sur del país se han registrado entre el primero de enero y el 31 de junio, un total de 17 homicidios, siendo superado en este tétrico tópico, solo por el departamento del Cauca, donde también la violencia se encuentra desbordada con 19 asesinatos.
En la entrega de esta inquietante información que nos hace el defensor del Pueblo, no nos extraña que en lo concerniente a Nariño, el municipio que mayor número presenta de estos hechos de sangre, sea el puerto de Tumaco, con 7 crímenes en estos primeros seis meses del año.
«Con profunda preocupación hemos recibido el reporte entregado en las últimas horas por el señor defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en torno al calvario que viven en nuestro departamento de Nariño los líderes y lideresas sociales y los defensores de derechos humanos».
En ese sentido, con mucho dolor debemos reconocer que nuestra costa pacífica se constituye en una de las regiones más peligrosas del país, tanto para los líderes y líderes, como para los defensores de derechos humanos, quienes en diferentes épocas han sido víctimas de una violencia que proviene de muchos lados.
Esta peligrosidad extrema es generada por los grupos delincuenciales que operan no solo en el puerto nariñense, sino en los diversos municipios costeros. Nos estamos refiriendo a las disidencias, las organizaciones paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional, Eln y las bacrim, organizaciones que en su gran mayoría actúan bajo la bandera del narcotráfico que tiene infectada la región y es la causa de los males que azotan la región.
Nos parece que este nuevo llamado que hace la Defensoría del Pueblo, en torno a esta serie de asesinatos en detrimento de las personas que luchan por el bienestar de la comunidad, debe servir para que el nuevo Gobierno adopte las medidas que sean del caso para ayudar a una comunidad que se merece un mejor destino, pero que lamentablemente además de haber sido una de las más afectadas por el conflicto armado, sigue padeciendo con fuerza los embates de la violencia criminal.
En ese sentido, nosotros hemos sido testigos de cómo, todos los anteriores gobiernos, con presidentes y ministros, han llegado a la región a prometer la paz y el cambio de una historia que ha sido bastante triste para los moradores de nuestra costa pacífica nariñense. Pero, como lo estamos viendo ahora, esa serie de visitas no han servido para nada y las promesas no pasaron de ser simples palabras que se las llevó el viento para caer en el mar.
Ojalá, entonces que esta nueva alerta que lanza la Defensoría del Pueblo sea tomada muy en cuenta, en momentos en que el nuevo Gobierno está empeñado en alcanzar la paz total en Colombia y para alcanzar ese objetivo, nosotros estamos seguros que tendrá que comenzar con una de las regiones más convulsionadas del país, como lo es nuestra costa. Allí, como todos lo sabemos, la maldición del narcotráfico que mueve toneladas de dinero, es la madre de todos los males, por lo que al Gobierno Nacional le espera una tarea de titanes, para rescatar a esta importante región del país de las garras de los gestores de la violencia.
