El brigadier general Samuel Salinas Valencia, oriundo del Valle del Cauca, asumió oficialmente la comandancia de la Tercera División del Ejército Nacional, en reemplazo del general Javier Hernando Africano López. Con esta designación, Salinas Valencia tendrá bajo su responsabilidad las operaciones militares en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, una región marcada por la presencia de estructuras armadas ilegales y múltiples desafíos en materia de seguridad.
La Tercera División es una de las unidades estratégicas del Ejército, encargada de enfrentar las amenazas que persisten en el suroccidente del país. Su jurisdicción abarca territorios donde operan grupos armados organizados, disidencias de las Farc, estructuras del ELN y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En este contexto, el nuevo comandante recibe un reto de gran magnitud: fortalecer la ofensiva militar y garantizar la protección de la población civil en zonas de alta complejidad.
El general Salinas Valencia, con amplia trayectoria en la institución, llega a este cargo con el compromiso de consolidar las operaciones conjuntas y coordinadas con otras fuerzas y organismos de seguridad. Su experiencia en diferentes unidades del Ejército le otorga un conocimiento situacional que será clave para enfrentar los factores de inestabilidad que afectan la región. La expectativa se centra en que su liderazgo permita avanzar en la neutralización de las estructuras armadas y en la recuperación de la tranquilidad en áreas rurales y urbanas.
La salida del general Africano López, quien estuvo al frente de la división y ahora asume nuevas responsabilidades, marca un relevo en el mando que busca dar continuidad a las estrategias de seguridad. Durante su gestión se desarrollaron operaciones relevantes contra grupos ilegales, y ahora corresponde a Salinas Valencia mantener y ampliar esos esfuerzos, adaptándolos a las dinámicas actuales del conflicto.
Entre los principales retos del nuevo comandante se encuentran la protección de corredores estratégicos utilizados por organizaciones criminales, el control de zonas de frontera y la respuesta a los ataques contra la fuerza pública y la población. Asimismo, deberá impulsar proyectos de fortalecimiento institucional y coordinar acciones con las autoridades locales para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
