El alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó con determinación ante el homicidio de Néstor Harry Acosta Leal, un experimentado trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien perdió la vida este lunes 16 de marzo de 2026. Los hechos ocurrieron en el sector de Salitre, específicamente en la carrera 69B con avenida Esperanza, cuando un delincuente abordó a la víctima para hurtar su teléfono celular y le disparó fatalmente tras un breve forcejeo. Por esta razón, el mandatario capitalino expresó su solidaridad con la familia del funcionario y prometió que la administración distrital apoyará todas las investigaciones necesarias para capturar a los responsables a la mayor brevedad. Asimismo, Galán utilizó este trágico evento para poner sobre la mesa la urgente necesidad de una reforma judicial que evite la impunidad en delitos que el sistema actual considera de «menor cuantía».
Respecto a las cifras de criminalidad, el alcalde reconoció durante su reciente rendición de cuentas que, aunque los hurtos bajaron de 153.000 en 2023 a 120.000 en 2025, la sensación de inseguridad persiste debido a la gravedad de los episodios de violencia. De igual manera, el mandatario denunció que de las 6.300 capturas realizadas recientemente, el sistema judicial liberó al 95 % de los detenidos por falta de capacidades o ausencia de violencia física en el momento del robo. Por tal motivo, Galán sostiene que el Estado falla al permitir una «carrera criminal» donde un delincuente comienza hurtando un celular y escala hasta cometer asesinatos como el ocurrido en Salitre. Además, el burgomaestre enfatizó que Bogotá enfrenta un reto mayúsculo al poseer el pie de fuerza más bajo del país, con un déficit de 9.000 policías respecto a lo que la ciudad realmente requiere.
El alcalde Galán exige reformas tras el asesinato de un funcionario en Salitre
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Por otra parte, diversos portales de noticias oficiales y reportes verificados de la Secretaría de Seguridad resaltan que la reincidencia delictiva constituye el principal obstáculo para la convivencia ciudadana. Diversas fuentes oficiales informan que el alcalde ya sostuvo reuniones con el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, para discutir cambios legales que aseguren sanciones efectivas incluso para los robos de menor escala. Adicionalmente, el mandatario criticó públicamente la tendencia de algunos sectores políticos de «romantizar» al delincuente, asegurando que cualquier persona que robe un celular merece una consecuencia penal real y no una liberación inmediata. Igualmente, la Policía Metropolitana de Bogotá intensificó los patrullajes en la localidad de Fontibón y sectores aledaños para intentar dar con el paradero del homicida, quien escapó del sitio tras el ataque.
En cuanto a la infraestructura de vigilancia, el Distrito planea integrar más de 1.000 cámaras de seguridad privadas al sistema de monitoreo de la ciudad para mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias. Por consiguiente, los investigadores analizan minuciosamente los videos de seguridad del sector de Salitre para reconstruir la ruta de escape del atacante y facilitar su identificación técnica. Por otro lado, la administración de Galán insiste en que la construcción de nuevas cárceles y centros de detención temporal resulta vital para que los jueces no utilicen el hacinamiento como excusa para otorgar libertades. De este modo, la alcaldía busca equilibrar la reducción estadística de los delitos con una mejora real en la percepción de seguridad de los ocho millones de habitantes que transitan diariamente por la capital.
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Mientras la Empresa de Acueducto rinde honores a la memoria de su colaborador este martes de marzo, los ciudadanos de la localidad de Teusaquillo y barrios vecinos exigen una intervención permanente contra el hurto de celulares. La transparencia en la aplicación de las leyes resulta vital para que la comunidad no sienta que los criminales tienen más derechos que las víctimas trabajadoras y honestas. De igual modo, los expertos en seguridad sugieren que la reforma judicial debe priorizar la protección de la vida por encima de la cuantía económica del objeto robado. Así, la jornada informativa en Bogotá cierra con un llamado a la unidad entre el Gobierno Nacional y el Distrito, reafirmando que la impunidad solo alimenta un ciclo de violencia que la sociedad bogotana ya no está dispuesta a tolerar más.
