El Ejército Nacional de Colombia confirmó que adelanta una investigación interna tras el presunto asesinato de una menor de edad, ocurrido en el corregimiento de La Pedrera, en el departamento del Amazonas, en hechos que habrían involucrado a un soldado profesional.
Según la información preliminar, el hecho ocurrió en una vivienda cercana a una base de patrullaje móvil, donde se encontraba un uniformado adscrito a una unidad militar de la región. La menor fue impactada por un disparo de arma de fuego que estaba bajo la responsabilidad del militar, cuyo nombre no ha sido revelado. Aún no se ha establecido si se trató de un accidente, un acto intencional o un caso de negligencia.
El Ejército Nacional activó de inmediato los protocolos institucionales y notificó a las autoridades judiciales competentes para que se adelante la investigación penal correspondiente. La institución también informó que colaborará con el proceso para esclarecer lo sucedido y garantizar el debido proceso.
Investigación en curso
Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas del disparo, así como el grado de responsabilidad del militar implicado. El caso ha generado conmoción en la comunidad local, y diversos sectores han exigido transparencia, justicia y respeto por los derechos de la infancia.
“La prioridad es esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. Estamos comprometidos con la verdad y con brindar toda la información requerida por la Fiscalía”, afirmó una fuente del Ejército consultada bajo reserva.
Preocupación por la presencia militar en territorios indígenas
El corregimiento de La Pedrera, ubicado en una zona selvática de difícil acceso, cuenta con presencia constante de la fuerza pública debido a factores de seguridad regional. No obstante, organizaciones sociales han señalado la necesidad de revisar los protocolos de actuación de los militares en zonas habitadas, especialmente donde residen comunidades indígenas y menores de edad.
Este caso se suma a otros episodios que han encendido alarmas sobre el comportamiento de miembros de la Fuerza Pública en territorios rurales y la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de control, formación y respeto por los derechos humanos.