Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, en una nueva escalada de la Administración de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.
Las medidas fueron anunciadas el martes 18 de agosto por el Gobierno estadounidense y también alcanzaron a Abdoulaye Seye, abogado principal de la Fiscalía de la CPI. Washington acusa a ambos funcionarios de participar en acciones del tribunal contra personas pertenecientes a países que no reconocen su jurisdicción.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió las sanciones y volvió a calificar a la CPI como una institución “corrupta” y “profundamente politizada”. Según el Gobierno estadounidense, el tribunal se ha excedido en sus funciones al investigar y emitir órdenes de captura relacionadas con ciudadanos estadounidenses e israelíes.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes e intereses financieros que Akane y Seye puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para realizar operaciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
La decisión está relacionada con la creciente confrontación entre Washington y la CPI. Uno de los principales puntos de tensión son las investigaciones y órdenes de arresto emitidas por el tribunal contra dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por hechos relacionados con la guerra en Gaza.
La CPI rechazó las nuevas sanciones y aseguró que representan un ataque contra la independencia de la institución y contra el orden jurídico internacional. El tribunal afirmó que continuará desarrollando su trabajo de manera independiente pese a las presiones.
Japón también expresó su preocupación por la medida. El Gobierno japonés calificó las sanciones contra Akane como “muy desafortunadas” y reafirmó su respaldo al papel de la Corte Penal Internacional en la investigación de los crímenes internacionales más graves.
Las nuevas sanciones forman parte de una campaña más amplia de la Administración Trump para debilitar a la CPI y presionar a otros países para que reduzcan su relación con el tribunal. Con esta decisión, aumenta la tensión entre Estados Unidos y una institución creada para investigar genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
