Un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos ha generado controversia al sugerir que Colombia debe implementar restricciones sobre 50 insumos farmacéuticos provenientes de China para prevenir el desvío del fentanilo. La acción ha sido interpretada por analistas locales como un intento de arrastrar al país a una nueva “guerra ajena” contra esa droga sintética.
Aunque Colombia está entre los mayores productores de drogas ilegales del mundo, los expertos insisten en que el país tiene una participación marginal en la producción o difusión del fentanilo. No hay evidencia sólida que lo vincule con la cadena de producción de esta sustancia, algo que enfatizan autoridades nacionales y especialistas.
🧪 El trasfondo del documento
El memorando pide al gobierno colombiano vetar productos que pueden facilitar la síntesis ilícita de fentanilo, como precursores químicos. Sin embargo, Colombia no es conocido por producir esos compuestos ni por ser un foco principal del problema de opioides.
El presidente Gustavo Petro afirmó que él jamás ha recibido formalmente el informe que contiene esas exigencias, lo que ha añadido incertidumbre sobre su aplicación práctica.
📈 Incautaciones y contexto local
Las cifras oficiales reflejan un incremento en los decomisos de fentanilo en Colombia durante los últimos años, aunque la mayoría han sido ampollas para uso médico desviadas, no productos elaborados ilegalmente.
En 2024, por ejemplo, se incautaron más de 5.600 unidades de esa sustancia, y hasta abril de 2025, se han reportado otros decomisos.
Aun así, no se ha detectado una fábrica clandestina de fentanilo en el país hasta ahora.
⚠ Las implicaciones políticas y soberanas
Analistas señalan que esta estrategia podría servir como herramienta de presión de EE. UU. para imponer normas antidrogas más estrictas en países aliados. En algunos sectores esta acción es vista como una forma de usar la “guerra contra las drogas” como dispositivo geopolítico.
El director del proyecto de prevención de drogas Échele Cabeza comentó que la lista propuesta por Estados Unidos podría servir simplemente para “meter a Colombia en una guerra que no le corresponde”.
