Bogotá / Washington, 16 de diciembre de 2025. — El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la inclusión del Grupo Armado Organizado conocido como Clan del Golfo (también identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y lo calificó además como Specially Designated Global Terrorist (SDGT). La decisión, comunicada oficialmente por el Departamento de Estado, implica nuevas y severas sanciones financieras y restricciones que buscan asfixiar las redes internacionales de financiación y logística del grupo.
Qué anunció Estados Unidos y por qué
El secretario de Estado, Marco Rubio, encabezó la comunicación oficial en la que se argumenta que el Clan del Golfo —la banda criminal más poderosa de Colombia— se sostiene en actividades de narcotráfico (principalmente cocaína) y en el uso sistemático de la violencia contra autoridades, líderes sociales y civiles. La clasificación como FTO permite al gobierno estadounidense perseguir legal y financieramente a la organización, sancionar a sus líderes, a personas y empresas que los apoyen, y congelar activos en jurisdicciones americanas.
Antecedentes relevantes
El Clan del Golfo no es una estructura nueva en el radar de autoridades internacionales: su antiguo máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga (“Otoniel”), fue capturado por las fuerzas colombianas en 2021, extraditado y condenado en Estados Unidos; su arresto y posterior sentencia dejaron ver la escala y alcance del grupo, pero no desarticularon por completo sus redes. En 2024-2025 hubo sanciones y acciones judiciales contra mandos y redes vinculadas al Clan, y en febrero de 2025 el Departamento de Estado había ya marcado precedentes al designar otras organizaciones criminales transnacionales como terroristas.
Cómo funciona la nueva designación (y sus efectos prácticos)
- Congelamiento de activos y prohibiciones: cualquier activo del Clan del Golfo dentro de la jurisdicción estadounidense puede ser bloqueado; además, ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido prestarles apoyo.
- Mayor coordinación internacional: la etiqueta como FTO facilita pedir a aliados y bancos corresponsales que nieguen instrumentos financieros al grupo, e incentiva la cooperación judicial y policial internacional.
- Riesgo de escalamiento operativo: analistas advierten que, aunque la medida debilita la financiación, también puede empujar a la organización a tácticas más violentas o a mayor fragmentación (lo que complica las negociaciones) —un efecto que ya se ha observado en otras designaciones similares.
¿Qué significa esto para la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro?
La administración del presidente Gustavo Petro ha impulsado la denominada “paz total”, que busca abrir canales de negociación con distintos grupos armados y reducir el conflicto por la vía del diálogo. La decisión estadounidense puede interpretarse como un contrapunto a esa estrategia por varias razones:
- Deslegitimación externa: la etiqueta de “terrorista” complica que actores catalogados como tales participen en mesas de negociación o reciban garantías internacionales; algunos países y organismos toman la FTO como criterio para restringir interlocución.
- Presión sobre el Gobierno colombiano: la medida puede aumentar la presión de sectores políticos y sociales internos que cuestionan la negociación con grupos con historial criminal y paramilitar. Esto alimenta debates sobre límites y condiciones de cualquier posible acuerdo.
- Riesgo de violencia y rupturas: expertos consultados por medios internacionales advierten que las designaciones pueden provocar retaliaciones locales, intentos de reconfiguración de rutas del narcotráfico o disputas territoriales entre bandas, lo que entorpecería el avance real de la paz.
No obstante, algunos analistas sostienen que la medida de EE. UU. —al cortar recursos y movilidad— puede, a mediano plazo, limitar la capacidad coercitiva del Clan del Golfo y facilitar operaciones conjuntas con Colombia para captura y desarticulación. La balanza entre debilitamiento operativo y riesgo de escalada es el núcleo del debate.
Reacciones inmediatas
- Casa de Nariño / Gobierno colombiano: por el momento (al cierre de esta nota) no hay una posición oficial unificada publicada por la Presidencia; fuentes del Ejecutivo han señalado en días previos su interés por avanzar en diálogo con actores armados que muestren disposición a dejar las armas, pero la designación externa obliga a medir movimientos políticos y jurídicos. (Ver seguimiento oficial).
- Sectores políticos colombianos: la decisión ha generado voces encontradas: desde la bienvenida de quienes piden mano dura, hasta críticas de quienes alertan sobre la soberanía y el rol exclusivo que debe tener el Estado colombiano en conducir procesos de paz.
- Comunidad internacional: Estados aliados han mostrado interés en coordinar medidas; organismos de derechos humanos han llamado a que cualquier acción se acompañe de salvaguardas para la población civil y de una estrategia integral que combata la corrupción y el lavado de activos.
¿Qué pasos legales y operativos siguen?
La designación ya publicada por el Departamento de Estado (comunicado y lista de personas/entidades afectadas) activa la maquinaria de sanciones del Tesoro y la cooperación con agencias como la DEA y autoridades colombianas. En lo operativo, se esperan pedidos de extradición activos, congelamiento de cuentas, bloqueos de redes logísticas y mayor intercambio de inteligencia. Al mismo tiempo, organizaciones civiles instan a que las operaciones respeten derechos humanos y no incrementen la victimización de comunidades rurales.
Conclusión provisoria
La designación del Clan del Golfo como FTO por Estados Unidos constituye un hecho relevante en la lucha internacional contra el narcotráfico y la criminalidad transnacional, pero no es una panacea para la paz en Colombia. Si bien impone costos financieros y diplomáticos al grupo, también plantea retos políticos y de seguridad —en particular, para la hoja de ruta de la “paz total” impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro—. El impacto real dependerá de la coordinación entre Estados, la respuesta operativa en el terreno y de si la política colombiana articula medidas sociales y judiciales que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades sometidas al control de economías ilegales.