El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que limitará la admisión de refugiados para el año fiscal 2026 a un máximo de 7.500 personas, lo que representa una caída drástica frente a las cifras de años anteriores.
Según la resolución publicada, estos cupos se dirigirán principalmente a ciudadanos sudafricanos blancos, en concreto a miembros de la comunidad afrikaner, bajo el argumento de que sufren “discriminación ilegal o injusta” en su país de origen. La propuesta ha generado fuertes críticas tanto en EE.UU. como en Sudáfrica, donde el gobierno sudafricano rechaza las acusaciones de persecución sistemática hacia ese grupo étnico.
La medida forma parte de un giro más amplio en la política de refugiados estadounidense, que ahora enfatiza que cada admisión debe “servir al interés nacional” además de razones humanitarias.
Este movimiento ha sido considerado por organismos internacionales y grupos de derechos humanos como una politización del sistema de asilo y refugio, al privilegiar un grupo específico sobre otros solicitantes en condiciones de vulnerabilidad.
El anuncio ha reavivado tensiones diplomáticas entre Washington y Pretoria, al tiempo que plantea interrogantes sobre el futuro del compromiso estadounidense con los refugiados en contextos de crisis global.
