El 3 de enero de 2026 marcó un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala contra Venezuela, que incluyó ataques aéreos y terrestres en Caracas y otras zonas estratégicas del país, y culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
La operación, denominada por Estados Unidos como “Resolución Absoluta”, consistió en bombardeos que afectaron instalaciones militares —como la base aérea La Carlota en Caracas— y zonas cercanas, provocando interrupciones eléctricas y explosiones durante la madrugada. Al menos 40 personas habrían muerto en los enfrentamientos y ataques, según autoridades venezolanas.
Tras su captura, Maduro y su esposa fueron trasladados fuera del país —primero a bordo del buque USS Iwo Jima y más tarde a EE.UU., donde enfrentarán cargos federales por narcotráfico, conspiración para importar cocaína y otros delitos ante una corte federal en Nueva York.
Anuncio de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente la operación y afirmó que su país “administrará” Venezuela temporalmente hasta que se garantice una transición política “segura, correcta y sensata”, sin dar un calendario claro de cuánto duraría esa administración. Trump también mencionó que grandes empresas petroleras estadounidenses participarían en la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, uno de los recursos más valiosos del país.
Trump no descartó la posible presencia de tropas estadounidenses en territorio venezolano si fuera necesario y dijo que no temía desplegar “boots on the ground” (tropas de combate).
Reacción en Venezuela
El gobierno venezolano, por su parte, denunció la operación como una “agresión militar” y un secuestro, exigiendo pruebas de vida de Maduro y su esposa. Funcionarios del chavismo declararon un estado de conmoción exterior y llevaron adelante pronunciamientos en medios estatales para llamar a la calma y denunciar la intervención.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó también que la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, asumiera la presidencia interina para garantizar continuidad administrativa. Rodríguez, sin embargo, ha negado la legitimidad de la captura y mantiene que Maduro sigue siendo el único presidente constitucional.
Repercusiones Internacionales
La comunidad internacional está profundamente dividida:
- Numerosos países y organizaciones internacionales han condenado la acción como una violación flagrante de la soberanía y del derecho internacional —incluidos gobiernos de México, Brasil, Irán y China y pronunciamientos de la Unión Europea y la ONU— que piden moderación y respeto a la Carta de las Naciones Unidas.
- Algunos líderes regionales y sectores políticos han mostrado apoyo o una visión más positiva, argumentando que la captura podría contribuir al fin del régimen de Maduro, acusado desde hace años de autoritarismo, fraude electoral y represión interna.
Incertidumbre y escenario futuro
La decisión de EE.UU. de “administrar” Venezuela plantea múltiples interrogantes legales, políticos y humanitarios:
- ¿Tiene Washington base jurídica para ejercer control temporal sobre un Estado soberano? Según expertos legales, no existe un mecanismo claro en el derecho internacional que lo legitime sin un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU.
- ¿Qué papel jugarán las fuerzas venezolanas y civiles en la administración del país? El liderazgo de Delcy Rodríguez se mantiene desafiante, mientras que el poder militar venezolano aún opera dentro del país.
- ¿Cómo reaccionará la sociedad venezolana ante una presencia prolongada o injerencia extranjera? La población vive entre incertidumbre, miedo y expectativas de cambio, con economías internas afectadas por años de crisis.
Este evento reconfigura no solo las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, sino también el equilibrio geopolítico en América Latina y plantea uno de los mayores desafíos diplomáticos y estratégicos de las últimas décadas.