Suena absurdo, difícil de aceptar como equivoco y por igual razón injustificable el que para una cantidad grande de hombres y mujeres el acceso a la educación sea vea como un privilegio más, propio de ciertas elites.
Tontería aún más grande discutir en el parlamento, representante de los intereses de todos los colombianos, el si se deja consignado en una ley el carácter de fundamental del derecho a educarse y el deber por parte del Estado de garantizarlo, con calidad y gratuito, para ese grueso de población que no cuenta con los recursos suficientes para recibir formación académica en instituciones privadas, aunque también se compromete al Estado para llevar los debidos controles que avalen su costo como una inversión en calidad para aquellos que desean acudir a ella.
Quede claro entones que sea cual fueren las circunstancia la educación es un derecho a demás de inalienable, como lo reconoce la carta de los derechos humanos y del niño, fundamental o sea base del desarrollo del individuo y de la sociedad. Por lo tanto, no puede ni debe admitirse el que no se le reconozca a la educación su importancia como sustento del Estado social de derecho.
Amos Comenios afirmo en el siglo XVI que es un deber para los gobiernos el garantizar que las escuelas o centros de formación académica, en cualesquiera de las modalidades de educación, estén en donde estén, puedan hacer posible ese derecho niños, niñas, nobles o plebeyos, ricos o pobres. con discapacidades físicas o de cualquier otro orden.
Comenios no encuentra ningún pretexto para que la educación como un derecho no sea sobre lo que existe para trabajar la dignidad por igual en todos. Porque no puede ser de otro modo puesto que la educación se da entre humanos y por esta misma razón se debe avanzar con toda la sociedad hacia la construcción del futuro de los educandos que es el futuro de todos para todos.
Sí, desde el siglo XVI se ha planteado que el acceso a la educación para los niños y niñas, jóvenes y señoritas no puede ser objeto de restricción alguna y en esa misma línea de pensamiento no puede ofrecerse estableciendo distinciones en su calidad acorde al sector social en la que se dé. Se dé y no se ofrezca como parece preferir decir el columnista Ramiro Bejarano, defensor acérrimo de la educación más que privada, clasista.
No fue cavernícola Juan Jacobo Rousseau cuando en “El Emilio” llama a que mediante la educación los serviles deben dejar de serlo y convertirse en ciudadanos libres, dueños de su destino y soberanos.
Por lo que es más que tonto negarse a aceptar que un pilar fundamental de la democracia moderna es la soberanía en el cuerpo del pueblo, tal cual lo argumentan y defienden los revolucionarios franceses fundadores del nuevo orden social que reconoce la existencia de unos derechos universales garantes de la igualdad, la justicia y la libertad.
En tanto que contrarios a Jobs, reconocen en la naturaleza de todos los humanos la capacidad de elegir y decidir por lo que no tienen por qué enajenar su voluntad renunciando a su independencia.
Prefiere Ignorar el columnista, que se dice a sí mismo liberal, en su ataque a la ley estatutaria de la educación, que el pueblo es el soberano y el gobierno es su delegado. Que por ello debe velar por sus intereses y garantizar sus derechos en todas partes y todos los asuntos, por lo tanto no hay limitantes ni desconocimiento de la autonomía en ninguna universidad pública o privada solo porque se plantea como necesaria la participación del gobierno en el órgano administrativo, como se debe de contemplar allí donde la “gran conciencia” no tiene razón de ser gracias a la educación.