El Gobierno de Ecuador emitió una enérgica protesta diplomática contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus declaraciones en las que calificó al exvicepresidente Jorge Glas como un “preso político”.
A través de una nota oficial enviada a Bogotá, la Cancillería ecuatoriana rechazó categóricamente esa afirmación y defendió la legalidad de las decisiones judiciales adoptadas contra Glas, quien —según el Gobierno ecuatoriano— ha sido condenado por delitos como asociación ilícita y peculado mediante procesos ajustados al debido proceso.
En el documento, Ecuador subrayó que su sistema judicial es independiente y advirtió que cualquier intento de cuestionar sus fallos desde el exterior constituye una violación al principio de no intervención, base del derecho internacional.
Además, el pronunciamiento oficial señaló que las declaraciones del mandatario colombiano afectan las relaciones bilaterales entre ambos países, al tiempo que exigió el cese inmediato de este tipo de afirmaciones que, según Quito, vulneran su soberanía.
La tensión diplomática también incluyó reclamos adicionales por parte de Ecuador sobre la situación en la frontera común. El Gobierno de ese país cuestionó lo que considera una falta de control por parte de Colombia, lo que —según afirmó— facilita la operación de grupos criminales y el tráfico de drogas en la zona limítrofe.
El caso de Jorge Glas se ha convertido así en un nuevo foco de fricción entre ambos gobiernos, evidenciando un deterioro en las relaciones diplomáticas y generando preocupación sobre el impacto de estas diferencias en la cooperación bilateral.
