Se suma un nuevo capítulo a una relación bilateral entre Colombia y Ecuador que atraviesa momentos de fricción, tanto en el ámbito político como en el comercial y fronterizo. Esta vez, por cuenta de las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre el exvicepresidente Jorge Glas, calificándolo como un “preso político”.
Como respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador presentó una nota diplomática de protesta ante el gobierno de Colombia, defendiendo las decisiones de su justicia y exigiendo cesar las palabras que puedan “vulnerar” su soberanía.
En la misiva, la Cancillería ecuatoriana manifestó su “más enérgica protesta” frente a las reiteradas declaraciones del mandatario colombiano, quien se referiría a Glas como un “preso político” y se señala que intentar deslegitimar las sentencias de la justicia ecuatoriana representa una violación al principio de no intervención.
El gobierno ecuatoriano sostuvo que el exvicepresidente no es un perseguido político, sino una persona condenada por la justicia del país tras procesos judiciales que, según el oficio, se han desarrollado conforme a la Constitución, el Estado de Derecho y al debido proceso.
Recordaron que Glas es un sentenciado tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado. “Ecuador cuenta con un sistema judicial independiente y con mecanismos internos plenamente vigentes para la protección de los derechos de todas las personas privadas de la libertad” señala el documento.
La Cancillería también señaló que cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación del principio de no intervención. “Las falsas declaraciones formuladas por el presidente Gustavo Petro solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas” señala la misiva del Gobierno de Ecuador, en cabeza del presidente Daniel Noboa.
Además, el gobierno ecuatoriano condenó la «persistente falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano», asegurando que esa actitud ha facilitado la criminalidad en la zona. El Ministerio exigió el cese de declaraciones que puedan vulnerar su soberanía y un «compromiso real de Colombia de fortalecer la vigilancia fronteriza».
