La relación entre Colombia y Ecuador dejó de ser un asunto estrictamente diplomático para convertirse en un problema económico que afecta a cientos de empresas, trabajadores y cadenas productivas.
Hoy, la controversia por el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción en su país, ya se traduce en una factura entre los dos países, con la subida de aranceles al 100% sobre exportaciones colombianas que suman cerca de 1.800 millones de dólares.
El origen inmediato de la disputa no está en el comercio, sino en la política. El presidente, Gustavo Petro, ha insistido en que Glas es un “preso político” y ha solicitado su liberación o entrega a Colombia, país que le otorgó la ciudadanía cuando ya se encontraba en prisión.
Esa postura fue reiterada incluso en escenarios diplomáticos. Petro aseguró que planteó personalmente el tema a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante un encuentro en las islas Galápagos.
“Le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió en su cuenta de X.
En Quito, la reacción fue inmediata y contundente. Noboa rechazó de plano la narrativa de “preso político” y defendió la actuación de la justicia ecuatoriana. “Desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”.
La Cancillería ecuatoriana, liderada por Gabriela Sommerfeld, calificó el caso como un asunto “estrictamente de la justicia ecuatoriana” y consideró improcedente cualquier intervención externa. “Colombia no se puede pronunciar ni peor aún solicitar a organismos internacionales sobre este caso”, enfatizó.
Un alto costo
Bajo este panorama, un día antes que Ecuador subiera los aranceles de 50% a 100% a Colombia, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó la preocupación del sector empresarial y cuestionó que el país esté pagando un costo económico por una decisión política.
“El gobierno de Colombia exige a Ecuador que se libere a exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción. ¿Por qué esto? Argumenta que se trata de un ciudadano colombiano, ciudadanía que le fue otorgada en la cárcel después de haber sido condenado”, señaló.
Y fue más allá al advertir las consecuencias. “Esa es la razón por la cual se impusieron aranceles hasta del 50% a 1.800 millones de dólares de exportaciones colombianas. Los productores y trabajadores colombianos ¿deben pagar por el extraño capricho de nuestro gobierno que lo ha llevado a interferir en los asuntos internos de otro país?”, se preguntó.
