Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fue judicializado en Boyacá luego de que las autoridades lo sorprendieran transportando una considerable cantidad de marihuana en un vehículo particular en la ciudad de Tunja. El funcionario fue identificado como Luis Carlos Sánchez Alape, quien se desempeñaba como dragoneante activo del INPEC desde el año 2017 y hacía parte del cuerpo de custodia y vigilancia del sistema penitenciario.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo de 2026, cuando el uniformado se movilizaba en una camioneta de su propiedad por vías de la capital boyacense. En medio de operativos de control adelantados por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Tunja, el vehículo fue requerido para un procedimiento rutinario de registro y verificación de antecedentes.
Durante la inspección al automotor, los uniformados detectaron varios paquetes sospechosos ubicados en los asientos traseros del vehículo. Ante la irregularidad, los policías procedieron a revisar el contenido de los paquetes, encontrando en su interior una sustancia vegetal que, tras las pruebas preliminares, fue identificada como marihuana.
Según el reporte oficial, en total fueron hallados tres paquetes con un peso aproximado de 25 kilogramos de marihuana, lo que motivó la captura inmediata del funcionario, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el respectivo proceso judicial.
El caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, que a través de un fiscal de la Seccional Boyacá adelantó la judicialización del dragoneante por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La entidad informó que las audiencias preliminares se realizaron el 11 de marzo, donde la Fiscalía expuso los elementos materiales probatorios y las evidencias recolectadas durante el procedimiento policial. Sin embargo, durante la diligencia judicial, Sánchez Alape no aceptó los cargos imputados por el ente acusador.
A pesar de la negativa del procesado, un juez de control de garantías consideró que existían suficientes elementos para continuar con la investigación y decidió imponer medida de aseguramiento preventiva en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Las autoridades indicaron que el caso sigue en etapa investigativa y no se descarta que en el desarrollo del proceso puedan surgir nuevos elementos que permitan establecer con mayor claridad el origen de la droga y las posibles responsabilidades adicionales relacionadas con este hecho.
