Por: Víctor Rivas Martínez.
Cada vez que se comete un acto terrorista por fuerzas al margen de la ley —sean estructuras del narcotráfico o delincuencia organizada— en cualquier rincón del país, siento dolor de patria.
El terrorismo es violencia calculada para sembrar miedo: atentados, secuestros, asesinatos y explosivos usados para intimidar a la ciudadanía, arrinconar a las autoridades y forzar su voluntad.
Lo que está ocurriendo en Arauca, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Nariño no es un hecho aislado: es una estrategia de terror para doblegar al Estado y paralizar a la población, justo cuando faltan apenas cinco semanas para la primera vuelta presidencial.
Los organismos de seguridad del Estado atribuyen los atentados de Cajibío (sector El Túnel), Mercaderes y Miranda a disidencias de las FARC. Su guerra contra Colombia no es ideológica: es criminal. Buscan blindar cultivos de coca, rutas y rentas del narcotráfico.
Catorce muertos y 36 heridos —cinco de ellos niños— es una cifra que avergüenza al país y exige respuestas. Valle, Cauca y Nariño no pueden resignarse a ser territorios de terror. Rodear al Estado no es una consigna: es un deber. Y al Estado le corresponde actuar con decisión para recuperar el control, proteger a la gente y restablecer la tranquilidad.
Desde esta columna repudiamos sin matices todo acto terrorista, venga de donde venga. Los que ponen los muertos no son “objetivos”: son campesinos, indígenas y familias inocentes que salieron a comprar el sustento de su hogar en el mercado del pueblo. No tienen nada que ver con esos negocios infames.
A los caucanos —y a todos los colombianos que hoy viven bajo amenaza— les expresamos solidaridad y acompañamiento. No están solos: el país los respalda. La paz nos ha sido esquiva, pero no puede seguir siendo una promesa aplazada. El próximo gobierno debe asumirla como prioridad, con inversión social efectiva y presencia real del Estado. A la paz no se renuncia; se construye y se defiende.
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