El director de la Policía Nacional, General Carlos Fernando Triana, manifestó que en el marco de las investigaciones por el atentado contra la vida del senador y precandidato a la presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay cobra cada vez más fuerza, la posibilidad de la intervención de las disidencias al mando de “Iván Márquez.”
“Esa hipótesis (sobre la participación de las disidencias lideradas por ‘Iván Márquez’) no la vamos a subestimar, por el contrario, sigue tomando fuerza para determinar y llegar hasta los autores intelectuales y ahí vamos por una línea de investigación muy importante. Seguimos avanzando y recolectando más elementos, digamos, para llegar rápidamente a los determinadores porque como lo he dicho, no vamos a descansar hasta tanto no llegar a ubicar a esas personas».
“Trabajo prudente”
No obstante, el director de la Policía enfatizó que continúan en la tarea de establecer el actor intelectual del atentado perpetrado durante un evento público del senador Uribe Turbay. “Estamos trabajando con mucha prudencia, pero con contundencia frente a la investigación de estos hombres y estas mujeres que día a día avanzan liderados por la fiscalía general de la Nación”.
Destacó que, gracias a las intensas investigaciones y a la colaboración de la ciudadanía, en un mes desde que ocurrió el atentado se ha presentado la captura de 5 personas.
Aunque el General Triana no descartó la información sobre el pago de mil millones de pesos (un poco más de 250 mil dólares) a alias El Costeño, las pesquisas han demostrado que hubo buen dinero para la organización y ejecución del atentado. “A cada uno le hubiese correspondido un número importante de dinero”.
TITULO (RECUADRO)
“Hubo grandes omisiones del Estado”
El abogado Víctor Mosquera Marín, representante del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay y su familia, advirtió que, según lo determino un juez, hubo “graves omisiones” del Estado Colombiano que pudieron haber evitado el atentado perpetrado el pasado 7 de junio.
“Un juez de la República, en los considerandos sin el resuelve de la decisión, determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir, la UNP de este actual gobierno. En efecto, el juez consideró que efectivamente hubo desidia del Estado, en brindarle la debida protección al congresista, afirmó Mosquera, quien agregó que “Hubo omisiones graves en la seguridad del precandidato”.
Agregó el penalista: “Hubo falta de protección a un líder de la oposición que venía haciendo un ejercicio impecable y que requería mínimos de seguridad para seguir ejerciendo sus derechos políticos”.
No obstante, consideró que las capturas “son muy importantes, pero no son suficientes. Vamos a seguir trabajando en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, para que las autoridades den con los máximos responsables, es decir, con los autores intelectuales o determinadores y los investigadores”, advirtió Mosquera.