Audios y reuniones forzadas en zonas rurales de Nariño evidencian amenazas directas contra ciudadanos señalados de votar por el hoy presidente electo, en un contexto de persistente control territorial de grupos armados ilegales.
📍 Contexto general: elecciones bajo presión armada
En medio del proceso electoral colombiano de 2026, diferentes regiones del país registraron denuncias sobre presiones de grupos armados ilegales hacia la población civil. Particularmente en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y Huila, se reportaron intimidaciones dirigidas a influir en el comportamiento electoral o castigar ciertas preferencias políticas.
Durante la campaña de segunda vuelta, el entonces candidato Abelardo De La Espriella ya había advertido sobre la existencia de amenazas contra sus votantes en el Pacífico colombiano, señalando que en decenas de municipios existía presión armada que ponía en riesgo la libertad del voto.
Estas denuncias se sumaron a reportes de mensajes difundidos por WhatsApp y panfletos en los que disidencias de las Farc prohibían hacer campaña política por ciertos sectores, bajo amenaza de sanciones.
⚠️ El caso en Nariño: reuniones obligadas y amenazas económicas
La situación tomó mayor gravedad tras conocerse lo ocurrido en el municipio de Los Andes (Sotomayor), en Nariño, donde habitantes denunciaron intimidaciones directas por parte de estructuras disidentes de las Farc.
Según testimonios recogidos en la zona, los pobladores fueron citados a reuniones obligatorias en áreas rurales, donde hombres armados se presentaron como miembros de la estructura Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), grupo disidente comandado por alias Iván Mordisco.
Durante estos encuentros, los asistentes fueron obligados a escuchar directrices del grupo armado. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando los insurgentes exigieron que quienes votaron por De La Espriella se identificaran públicamente.
Ante el silencio generalizado —producto del miedo—, los disidentes afirmaron tener identificadas a esas personas y anunciaron la imposición de un llamado “impuesto a la revolución”, que ascendería a 30 millones de pesos para quienes hubieran apoyado al mandatario electo.
Además, en la misma reunión se impartieron otras órdenes, como la expulsión de presuntos vendedores de drogas del municipio en un plazo de 24 horas.
🧭 Control territorial y coerción política
Este tipo de hechos se enmarca en una problemática estructural del conflicto colombiano: el control territorial que ejercen grupos armados ilegales en zonas rurales apartadas.
En estos territorios, las disidencias no solo mantienen economías ilícitas, sino que también buscan influir en dinámicas sociales y políticas, incluyendo procesos electorales. En algunos casos, esto se traduce en:
- Restricciones a la movilidad
- Convocatorias obligatorias a reuniones
- Amenazas económicas o físicas
- Prohibición de campañas políticas específicas
De hecho, informes previos ya advertían que estos grupos incluso exigían certificados electorales o imponían sanciones a quienes no acataran sus órdenes durante las votaciones.
🗳️ Resultados electorales y tensiones locales
En Los Andes (Sotomayor), los resultados de la segunda vuelta mostraron una amplia ventaja del candidato Iván Cepeda sobre De La Espriella. Sin embargo, el incremento en los votos de este último frente a la primera vuelta habría generado inconformidad en los grupos armados presentes en la región.
Este tipo de reacciones refleja cómo los actores ilegales pueden intentar castigar comportamientos electorales que consideran contrarios a sus intereses, lo que pone en entredicho la transparencia y libertad del voto en determinadas zonas del país.
🧩 Implicaciones para la democracia
La intimidación a votantes constituye una grave amenaza para el sistema democrático, ya que vulnera principios fundamentales como:
- La libertad de elección
- El secreto del voto
- La participación política sin coerción
Expertos y organizaciones han advertido que la persistencia de estos fenómenos evidencia los desafíos pendientes tras el acuerdo de paz de 2016, especialmente en regiones donde el Estado tiene presencia limitada y los grupos armados continúan ejerciendo poder de facto.
📊 Un fenómeno que no es aislado
Los hechos en Nariño no son un caso único. Durante el proceso electoral de 2026 se documentaron situaciones similares en varias regiones del país, lo que sugiere un patrón de presión armada sobre el electorado.
Estas prácticas han sido descritas en el debate público como parte del fenómeno conocido como “voto bajo presión” o “voto coaccionado”, en el que actores ilegales buscan incidir en los resultados democráticos mediante intimidación directa.
🧾 Conclusión
El caso de las amenazas contra votantes de Abelardo De La Espriella en Nariño evidencia la persistencia de dinámicas de violencia política en Colombia.
Más allá de un hecho puntual, refleja una problemática estructural: la capacidad de los grupos armados ilegales para interferir en procesos democráticos, especialmente en territorios donde el Estado aún no logra consolidar plenamente su autoridad.
