El Concejo Municipal de Ipiales, intensifica entre posturas para derogar y modificar del acuerdo 052, mientras crecen las críticas de los usuarios por el incremento del impuesto.
El segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Ipiales avanza en medio de un ambiente cada vez más tenso, marcado por un debate que dejó de ser técnico para convertirse en un pulso político con repercusiones directas en la comunidad.
En el centro de la controversia se encuentra el acuerdo 052, aprobado en noviembre de 2025, cuya implementación en 2026 ha generado un fuerte rechazo ciudadano debido al incremento en el impuesto de alumbrado público. Lo que inicialmente fue presentado como una estrategia de modernización hoy es percibido por amplios sectores como una carga económica desproporcionada.
Desde la oposición, el concejal indígena Carlos Hualpa ha sido enfático en su postura, manifestando su desconfianza frente a las explicaciones del gobierno municipal y rechazando cualquier intento de modificación del acuerdo.
El cabildante sostiene que la única salida viable es su derogación total, argumentando que resulta inaceptable que la modernización del sistema recaiga principalmente en los ciudadanos sin una participación financiera significativa por parte del municipio.
Posturas
Su posición ha encontrado eco en diferentes sectores de la ciudadanía que consideran injustificado el aumento en las tarifas. En contraste, desde la bancada de gobierno, el concejal Camilo Obando ha reconocido errores en la aprobación inicial del acuerdo, aunque insiste en que la solución no es eliminarlo, sino corregirlo mediante ajustes que permitan mejorar su aplicación.
El argumento del oficialismo se centra en la necesidad de actuar con coherencia y evitar decisiones que puedan afectar la estabilidad del sistema de alumbrado. Según esta postura, la modificación permitiría corregir fallas y avanzar hacia un servicio más eficiente para la ciudad; sin embargo, este reconocimiento de errores ha generado cuestionamientos adicionales, pues diversos sectores se preguntan por qué no se plantea una revisión estructural más profunda.
Esta inquietud ha alimentado aún más el debate público y ha incrementado la presión sobre el Concejo Municipal, donde actualmente se evidencia una clara división: siete concejales se mantienen firmes en la idea de derogar el acuerdo, mientras que diez del bloque de gobierno respaldan su modificación. De consolidarse esta mayoría, la decisión podría generar un mayor descontento en la ciudadanía.
Calles
El impacto del debate ya trasciende el recinto del Concejo y comienza a sentirse en las calles de Ipiales, donde diversos sectores sociales han manifestado su inconformidad frente al incremento en el impuesto. Algunas voces advierten que, de aprobarse la modificación en lugar de la derogación, podrían convocarse movilizaciones masivas, reflejando el nivel de malestar existente.
Para muchos ciudadanos, el tema ya no es únicamente técnico, sino también político y social, abriendo un debate más amplio sobre la confianza en las instituciones, la responsabilidad fiscal del municipio y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Los habitantes reclaman ser escuchados en decisiones que afectan directamente su economía.
En este contexto, el Concejo enfrenta una decisión clave que no solo definirá el rumbo del impuesto de alumbrado público, sino también la relación entre la administración municipal y la ciudadanía, un vínculo que actualmente atraviesa uno de sus momentos más críticos.
La expectativa se mantiene alta mientras avanza el debate, y el desenlace podría tener consecuencias que vayan más allá del ámbito institucional, pues Ipiales observa con atención, consciente de que lo que está en juego es mucho más que una tarifa.
Carlos Hualpa, concejal.
