Por: Carlos Eduardo Lagos
La política exterior suele percibirse como un asunto lejano para las regiones, como si se desarrollara exclusivamente en las cancillerías, embajadas y escenarios multilaterales ajenos a la vida cotidiana. Sin embargo, cuando la diplomacia pierde su rumbo, sus efectos terminan sintiéndose en la economía real, en el comercio, en el empleo y en la vida diaria de millones de colombianos, incluidos aquellos que residen en el exterior y sostienen una parte fundamental de nuestra economía a través de las remesas.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el manejo de las relaciones internacionales ha estado marcado más por la exposición pública y el pronunciamiento político que por los canales tradicionales de la diplomacia profesional. No se trata de una discusión ideológica, sino institucional. La política exterior no está concebida para enviar mensajes simbólicos al electorado interno ni para construir una imagen personal de liderazgo internacional, sino para proteger los intereses estratégicos del Estado colombiano en escenarios complejos, técnicos y altamente regulados.
Este giro en el estilo diplomático ha venido acompañado de un deterioro evidente de la carrera diplomática. En lugar de fortalecer un cuerpo profesional que se forma durante años y que garantiza la continuidad y el conocimiento especializado, se ha recurrido con frecuencia a nombramientos basados en la confianza política. En varios casos, estos funcionarios carecen del dominio de idiomas, la experiencia multilateral o el conocimiento técnico que exige representar al país. Cuando la diplomacia se personaliza, el Estado se debilita.
El caso de la canciller Rosa Villavicencio, impedida para asistir a una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por no contar con visa estadounidense, es más que un episodio anecdótico. Colombia ocupa un asiento en uno de los espacios más relevantes del sistema internacional, y su máxima representante no puede participar plenamente por una decisión personal transformada en gesto político. El resultado no es coherencia ideológica, sino una pérdida concreta de la capacidad de interlocución y presencia internacional.
A este escenario se suman conflictos bilaterales mal gestionados. Las tensiones con Ecuador, que hoy afectan el comercio y el suministro energético, se originaron en decisiones diplomáticas erráticas desde el mismo reconocimiento del nuevo gobierno ecuatoriano. Lo que pudo resolverse por la vía técnica y discreta terminó escalando hasta convertirse en un problema económico con impacto directo sobre los empresarios, transportadores y consumidores, especialmente en las regiones más expuestas a esa relación bilateral como la nuestra.
Algo similar ha ocurrido con otros países y con organismos multilaterales, donde declaraciones públicas, trinos y gestos simbólicos han reemplazado la gestión discreta y eficaz que caracteriza a la diplomacia profesional. En ese contexto, Colombia comienza a ser percibida como un actor impredecible, más concentrado en el mensaje que en el resultado, más atento al efecto político inmediato que a la construcción de relaciones estables.
En un país que depende cada vez más de las remesas, del comercio exterior y de la estabilidad regional, esta forma de hacer diplomacia tiene costos reales. Los colombianos en el exterior requieren consulados eficientes, no oficinas improvisadas; los empresarios necesitan reglas claras y relaciones estables, no conflictos innecesarios; y el Estado necesita credibilidad para defender sus intereses en un entorno internacional cada vez más competitivo.
Por eso, el debate de fondo no es político, sino estructural. Colombia debe avanzar hacia una regulación más estricta y blindada de la carrera diplomática y consular, que priorice el mérito, la formación y la experiencia. La diplomacia no puede seguir siendo un escenario de improvisación. Cuando se pierde el rigor institucional, el precio no lo paga un gobierno: lo paga todo el país.
