La expedición de la licencia de conducción en Colombia atraviesa una de sus transformaciones más profundas en décadas. La apuesta del Estado por la digitalización de los trámites y la incorporación de controles biométricos busca modernizar el sistema, cerrar el paso al fraude y fortalecer la seguridad vial. Sin embargo, este proceso de actualización tecnológica, aunque necesario, ha traído consigo una serie de dificultades que hoy afectan a miles de ciudadanos en todo el país.
El nuevo modelo se apoya en plataformas interconectadas que integran información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la Registraduría Nacional, los Centros de Reconocimiento de Conductores y las secretarías de tránsito. A través de validaciones biométricas —como huellas dactilares y reconocimiento facial— las autoridades verifican la identidad del solicitante y su historial en tiempo real, evitando suplantaciones, duplicidad de documentos y expediciones irregulares.
Desde la perspectiva institucional, estos avances representan un paso decisivo hacia la transparencia. Durante años, el sistema de licencias estuvo expuesto a prácticas ilegales, tramitadores informales y certificados falsos. La digitalización permite hoy un mayor control sobre cada etapa del proceso, desde la inscripción en una escuela de conducción hasta la entrega del documento final, dejando trazabilidad de cada movimiento.
No obstante, la implementación no ha sido homogénea ni exenta de tropiezos. En múltiples ciudades, los usuarios reportan constantes fallas en las plataformas, demoras en la asignación de citas y bloqueos temporales del sistema que obligan a reprogramar trámites. Estas interrupciones generan congestión en los organismos de tránsito, largas filas y una creciente inconformidad ciudadana.
Uno de los puntos más críticos es la dependencia total de la conectividad. Cuando los sistemas centrales presentan caídas o lentitud, todo el proceso se paraliza. Funcionarios y usuarios quedan a la espera de que las plataformas vuelvan a operar, prolongando trámites que antes podían resolverse en pocos días y que ahora, en algunos casos, tardan semanas.
A esto se suma la brecha digital. Aunque el proceso está diseñado para realizarse de manera virtual en gran parte, no todos los ciudadanos cuentan con acceso estable a internet, dispositivos adecuados o habilidades digitales suficientes. Adultos mayores, habitantes de zonas rurales y personas con menor nivel educativo enfrentan mayores dificultades para navegar los portales, agendar citas o cargar documentos, lo que los obliga a recurrir nuevamente a intermediarios.
Paradójicamente, la digitalización pensada para eliminar a los tramitadores ha generado un nuevo nicho para ellos. Algunos ciudadanos, ante la complejidad del sistema, optan por pagar a terceros para que realicen los procedimientos, reabriendo el debate sobre la necesidad de acompañamiento institucional y pedagogía ciudadana.
Desde los organismos de tránsito se reconoce que el proceso aún se encuentra en una etapa de ajuste. Las autoridades aseguran que los retrasos responden al aumento en la demanda, a la adaptación de las entidades territoriales y a la integración progresiva de nuevas herramientas tecnológicas. El objetivo, insisten, es consolidar un sistema más seguro, ágil y confiable a mediano plazo.
Expertos en movilidad advierten que la modernización es inevitable y positiva, pero subrayan que debe ir acompañada de inversión en infraestructura tecnológica, capacitación del personal y estrategias de inclusión digital. Sin estos elementos, la innovación corre el riesgo de convertirse en una barrera más para el ciudadano común.
Mientras el país avanza hacia un modelo de tránsito más tecnificado, la experiencia diaria de los usuarios refleja una realidad compleja: la tecnología promete eficiencia y control, pero su implementación, aún imperfecta, pone a prueba la paciencia de quienes solo buscan cumplir la norma y obtener su licencia de manera legal. El reto ahora es lograr que la modernización no solo sea un avance en los sistemas, sino también una mejora tangible en el servicio al ciudadano.
