Diálogos de paz en crisis tras recientes hechos de violencia en Nariño

La delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano advirtió que el proceso de paz atraviesa un momento crítico, tras los recientes hechos de violencia registrados en el departamento de Nariño.

A través de un comunicado, el jefe de la delegación, la delegación del Gobierno, en cabeza de Armando Novoa García, expresó solidaridad con las Fuerzas Militares y las familias de las víctimas, al tiempo que exigió al grupo armado un pronunciamiento urgente y veraz sobre su presunta responsabilidad en los hechos. “Condenamos el ataque criminal en el que según informaciones recibidas están involucradas unidades de la estructura Comandos de la Frontera, contra miembros de las Fuerzas Militares de Colombia” señaló la delegación.

El Gobierno rechazó el ataque ocurrido en zona rural de Ipiales, donde los soldados profesionales Andrés Esteban Álvarez, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado perdieron la vida tras ser impactados por drones cargados con explosivos. Según la delegación, este hecho constituye una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, además de representar un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de negociación.

“De confirmarse la participación de Comandos de La Frontera, sería una violación del compromiso hecho por el grupo armado, de no atacar a la fuerza pública” indicó la delegación

De igual manera, rechazó lo ocurrido en la vereda La Laguna, en Olaya Herrera, Nariño, donde cuatro niños resultaron heridos al ser afectados por una onda explosiva por la detonación de un artefacto dejado en la zona donde jugaban los menores. ​El Gobierno señaló que este hecho también vulnera lo pactado, teniendo en cuenta la presencia de estructuras armadas en la zona y su responsabilidad de mantener los territorios libres de minas y artefactos explosivos.

La delegación fue enfática en señalar que ambos hechos son “absolutamente inadmisibles” y representan un duro golpe tanto para las comunidades como para los avances alcanzados en el proceso de paz.  “Las consecuencias se verán en la mesa: no podemos aceptar que en las negociaciones el grupo armado mantenga un discurso de paz, mientras sus unidades cometen acciones delictivas de extrema gravedad” aseguró el Gobierno.

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