Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 49/214 de 1994. Esta conmemoración es una oportunidad para reconocer los aportes de los pueblos indígenas desde la diversidad cultural, los sistemas de conocimiento y el cuidado del territorio y la vida, así como para visibilizar las amenazas que persisten frente a sus derechos colectivos.
El país alberga una de las mayores diversidades étnicas y culturales del continente. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 1.905.617 personas se reconocen como indígenas, pertenecientes a 115 pueblos y hablantes de 65 lenguas nativas, lo que representa el 4,4 % de la población nacional. Los pueblos Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos concentran el 58,1 % de esta población. Los departamentos de Vaupés (81,7 %), Guainía (74,9 %), Vichada (58,2 %) y Amazonas (57,7 %) registran la mayor proporción de población indígena del país.
Más allá de las cifras, esta diversidad se expresa en 115 pueblos con formas propias de comprender y habitar el territorio, lenguas, saberes, culturas, tradiciones, sistemas de gobierno propio y prácticas de medicina tradicional que constituyen un patrimonio vivo e irremplazable. Su pervivencia no es solo un derecho consagrado en el Artículo 7 de la Constitución Política y en el Convenio 169 de la OIT, incorporado al ordenamiento colombiano mediante la Ley 21 de 1991, es también una condición para la democracia, la paz y el equilibrio ambiental.
Los pueblos indígenas de Colombia enfrentan un escenario que pone en riesgo su existencia. La Defensoría del Pueblo ha documentado una situación de derechos humanos caracterizada por la convergencia de tres factores estructurales: la exclusión institucional persistente, el control territorial asociado a economías ilícitas y la presencia de actores armados, y las tensiones derivadas de la consulta previa frente a modelos de desarrollo.
En el primer semestre de 2025 se reportaron 25 homicidios de personas con pertenencia étnica, incluidas tres autoridades, siete líderes, dos médicos tradicionales y dos integrantes de la guardia indígena. La Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de 2009, declaró a 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado. Esa declaración sigue vigente. A ello se suma que la medición de pobreza multidimensional del DANE para 2024 registra una incidencia del 38,4 % en hogares indígenas, que asciende al 46,8 % en las zonas rurales.
En el segundo semestre de 2025, 14 de las 20 Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría incluyeron situaciones de riesgo para pueblos étnicos, lo que equivale al 70 % del total. Entre los hechos documentados se identificaron confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, amenazas contra liderazgos, control social sobre los territorios, estigmatización y barreras institucionales derivadas de la falta de pertinencia cultural y lingüística en la oferta estatal.
Las Alertas más recientes confirman que estos riesgos persisten. La Alerta Temprana de Inminencia 008 de 2026, emitida para Guainía, advierte riesgos extraordinarios para los pueblos Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave, con nivel de riesgo extremo en cinco resguardos, asociados a confrontaciones armadas por el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal, confinamiento y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la Alerta Temprana 001 de 2026 documenta vulneraciones a los derechos a la vida, la integridad y la movilidad de población indígena en Mistrató y Pueblo Rico, Risaralda, ante la presencia del ELN y del autodenominado EMC.
Pese a este escenario, los pueblos indígenas mantienen vivas sus formas de resistencia y pervivencia. A través de sus sistemas de gobierno propio, las guardias indígenas, las sabedoras y los sabedores, las comunicadoras y comunicadores y las realizadoras y realizadores audiovisuales, sus lenguas y las prácticas de cuidado del territorio, ejercen soberanía y autodeterminación en defensa de la vida. Su resistencia no es solo una respuesta al conflicto: es una afirmación permanente de su derecho a existir como pueblos diversos.
En el marco de esta conmemoración, la Defensoría del Pueblo reconoce el invaluable aporte que los pueblos indígenas han realizado y continúan realizando a la construcción de Colombia y al bienestar de la humanidad. Sus conocimientos y prácticas ancestrales contribuyen a la conservación de la biodiversidad, la protección de ecosistemas estratégicos, la gestión sostenible de los territorios, la soberanía alimentaria y la adaptación frente al cambio climático. Asimismo, sus sistemas de gobierno, justicia, salud y educación propios, junto con sus lenguas, cosmovisiones, expresiones culturales y formas de transmisión del conocimiento, enriquecen el patrimonio material e inmaterial de la Nación y fortalecen la diversidad étnica y cultural reconocida por la Constitución Política.
Sus principios de cuidado, reciprocidad y equilibrio con la naturaleza constituyen referentes para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles e interculturales. Proteger sus derechos individuales y colectivos, garantizar su libre determinación, salvaguardar sus territorios y asegurar su pervivencia física y cultural no solo representa una obligación constitucional e internacional del Estado, sino también una condición indispensable para preservar un legado de conocimientos y prácticas que benefician a toda la sociedad y contribuyen a afrontar los desafíos ambientales, sociales y culturales de la actualidad.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las entidades del Estado para que garanticen una respuesta institucional con pertinencia cultural y lingüística que respete la diversidad de los pueblos indígenas. Asimismo, invita a los medios de comunicación a contribuir a la construcción de narrativas que reconozcan su diversidad, su dignidad y sus derechos, y ayuden a evitar su estigmatización; y a la ciudadanía a reconocer que la pervivencia de los 115 pueblos indígenas de Colombia es un compromiso compartido. Proteger su palabra, honrar su territorio y defender sus derechos no es una concesión: es una obligación constitucional.
