El Congreso de Perú destituyó al presidente interino tras un escándalo político conocido como “Chifa-gate”, que desató una nueva crisis institucional en el país andino.
La decisión fue adoptada luego de un intenso debate parlamentario en el que distintas bancadas cuestionaron la conducta del mandatario y señalaron una presunta falta de transparencia en reuniones y gestiones vinculadas al caso. La moción de destitución alcanzó los votos necesarios, dejando vacante la jefatura del Estado.
Tras la remoción, el Legislativo activó el mecanismo constitucional para designar a un nuevo presidente interino, quien deberá conducir el país hasta la celebración de elecciones generales. La votación para elegir a la nueva autoridad se realiza en medio de un clima político tenso y con llamados a garantizar estabilidad y respeto al orden democrático.
Analistas consideran que este nuevo episodio refleja la fragilidad institucional que ha marcado la política peruana en los últimos años, caracterizada por enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, así como por frecuentes cambios de liderazgo.
Se espera que el próximo presidente interino priorice la gobernabilidad, la estabilidad económica y la organización de un proceso electoral transparente que permita cerrar esta etapa de incertidumbre política.
