La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la judicialización de nueve personas por su presunta implicación en delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, así como con la posesión ilegal de explosivos y el tráfico de estupefacientes. Los detenidos, identificados como Iván Darío Pinchao Villa, José Luis Chinauta, Wilson Norbey Tapia, Henri Santiago Estupiñan, Fernando Andrés Chalacan Rodríguez, Jahider Camilo Santacruz Arias, Evelin Caterine Arciniegas, Damaris Andrea Sinza y María Zeneida Cortés, fueron capturados en dos operativos de registro y allanamiento realizados por la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional en la ciudad de Ipiales, Nariño.
Incautación
En los operativos, las autoridades lograron incautar varios objetos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entre los elementos hallados, se encontraban chaquetas con logos e insignias de la Policía Nacional, el Ejército y la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como un cinturón y una camisa balística, lo que sugiere que los detenidos estaban en posesión de uniformes oficiales de estas instituciones, lo cual podría implicar un posible intento de usurpación de funciones o actividades delictivas bajo el disfraz de personal de seguridad.
Actividades delictivas
En uno de los inmuebles allanados, las autoridades también encontraron un armario que contenía dos granadas de fragmentación, una pistola, munición de diferentes calibres, tres teléfonos celulares y una cantidad significativa de anfetaminas, lo que revela que, además de estar involucrados en actividades delictivas relacionadas con el armamento, los acusados podrían estar relacionados con el tráfico y consumo de drogas. Adicionalmente, se incautó una motocicleta que se presume podría haber sido utilizada en actividades ilícitas. Los detenidos fueron interrogados sobre los permisos necesarios para el porte de las granadas, y ninguno de ellos pudo presentar los documentos requeridos por el Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (CINAR), lo que refuerza las acusaciones de posesión ilegal de armamento de guerra. Tras las audiencias concentradas, ninguno de los imputados aceptó los cargos presentados en su contra.