La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) desmanteló recientemente una explotación ilegal de carbón en la zona rural del municipio de Ráquira, en un operativo conjunto con la Fuerza Pública que dejó capturas en flagrancia y evidencias de afectación ambiental. La intervención se llevó a cabo en la vereda Firita Peña Arriba, donde unidades de la Unidad Investigativa de Gestión Ambiental (UIGA), en articulación con el Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, lograron ubicar una bocamina en operación sin contar con los permisos correspondientes.
Durante el operativo, fueron sorprendidas tres personas realizando extracción subterránea mecanizada. Dos de ellas se encontraban dentro del socavón y salieron minutos después, lo que permitió a las autoridades confirmar la flagrancia. Los implicados fueron capturados de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por la explotación minera ilegal.
Según la CAR, mediante tecnología especializada se pudo verificar que la actividad no contaba con el Plan de Trabajo y Obras (PTO) ni con el Plan de Manejo Ambiental (PMA), documentos necesarios para garantizar la legalidad y sostenibilidad de la explotación. Este hallazgo confirma que la operación minera tenía un carácter ilícito, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y generando impactos negativos sobre el entorno natural.
El informe técnico emitido por la CAR evidenció la pérdida de la capa orgánica del suelo en un área de 0,23 hectáreas, así como daños significativos a la cobertura vegetal y alteraciones al paisaje derivadas de la instalación de infraestructura minera. Las autoridades ambientales recordaron que estas prácticas ilegales afectan gravemente los ecosistemas locales y pueden comprometer la calidad de vida de las comunidades cercanas.
Frente a esta situación, se ordenó la suspensión inmediata de la actividad minera y se advirtió que cualquier intento de reactivar la explotación sin permisos será objeto de sanciones legales. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar las medidas judiciales pertinentes contra los responsables de la minería ilegal en Ráquira.
