El levantamiento del paro en el corredor Samaniego – La Llanada se fundamenta en un acuerdo transaccional entre las Juntas de Acción Comunal, la Gobernación e INVIAS, bajo la garantía de la Procuraduría. Jurídicamente, el pacto formaliza obligaciones de hacer inmediatas, destacando la intervención técnica y el traslado de maquinaria el 16 de marzo de 2026. Este acto administrativo vincula a las entidades territoriales, permitiendo el cese de la perturbación del orden público en El Pedregal. El incumplimiento de estos cronogramas habilitaría acciones por falla en el servicio y vulneración a los derechos colectivos de movilidad.
En el componente contractual, el acuerdo establece la destinación de $3.000 millones para el tramo Samaniego – Balalaika y una proyección presupuestal de $17.500 millones por INVIAS para 2027. Estos hechos generan una expectativa legítima de inversión pública y la obligación de realizar visitas técnicas de priorización. Asimismo, se pactó la suscripción de convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal por $90 millones, mecanismo de contratación social que traslada la ejecución del recurso a la base comunal.
Ojo veedor con estas obras, la ciudadanía tiene que ser activa y propositiva para evitar que los corruptos contratistas sigan apoderándose del tesoro público y afectando a la comunidad.
