Más de diez años con daños sin reparación real.
Una nueva reunión comunitaria encendió la indignación en San Luis de Gaceno, donde habitantes de la vereda Horizontes volvieron a alzar su voz frente a una crisis ambiental que, lejos de resolverse, parece agravarse con el paso del tiempo. El encuentro del pasado 19 de marzo dejó al descubierto tensiones profundas entre la comunidad, autoridades y la empresa operadora, en medio de denuncias por contaminación con hidrocarburos que ya superan la década.
Líderes sociales como Milena Porras y Franklin Mendoza fueron contundentes: los daños persisten, las respuestas no llegan y la desconfianza crece. Según denunciaron, los impactos ambientales continúan afectando fuentes hídricas, suelos y la calidad de vida de las familias, mientras las soluciones estructurales siguen ausentes. La reunión, lejos de calmar los ánimos, avivó la sensación de abandono.
Uno de los puntos más polémicos fue la propuesta de la empresa de destinar el 70% de los recursos de explotación a proyectos de mitigación ambiental, pero condicionados a la reactivación del pozo Medina. La comunidad recibió el anuncio con escepticismo, señalando que no se puede negociar el ambiente a cambio de más actividad petrolera. Para muchos, esta oferta representa más una presión que una solución.
A esto se suman cuestionamientos sobre compromisos considerados “superficiales”, como el préstamo temporal de maquinaria, que según los líderes no responde a las verdaderas necesidades del territorio. “No se trata de ayudas momentáneas, sino de reparar un daño histórico”, insistieron.
El ambiente se tensó aún más por la ausencia de actores clave como Ecopetrol y el gobernador departamental, cuya inasistencia fue calificada como un golpe a la credibilidad institucional. Para la comunidad, la falta de presencia de quienes toman decisiones frena cualquier posibilidad de avance real.
Otro foco de controversia radica en los estudios técnicos utilizados para descartar la relación entre la actividad petrolera y la contaminación. Mendoza denunció que estos informes carecen de validez, están desactualizados y no cumplen con los estándares exigidos por la autoridad ambiental, lo que aumenta la desconfianza.
Pese a la tensión, la comunidad dejó claro que su lucha no busca frenar el desarrollo económico, sino defender un derecho fundamental: el acceso a un ambiente sano. En ese contexto, se acordó convocar una mesa técnica el próximo 10 de abril, donde los habitantes presentarán una contrapropuesta formal.
Sin embargo, la paciencia se agota y la credibilidad está rota. Lo que está en juego no es solo el futuro ambiental de la región, sino la dignidad de una comunidad que lleva más de diez años esperando respuestas.
