En una operación conjunta y contundente, la Fiscalía General de la Nación —a través de la Fiscalía Sexta Especializada de la Dirección contra los Delitos Ambientales—, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef) desarticularon la red delincuencial ‘Puerto Hong Kong’, dedicada al tráfico ilícito de madera en Nariño, Putumayo y Amazonas.
Las investigaciones demuestran que esta organización obtenía altas rentas ilícitas anuales mediante la extracción y comercialización ilegal de productos forestales. Sus integrantes movían la madera mediante transacciones económicas irregulares y violaban de manera sistemática la normativa ambiental. La cadena ilegal abastecía mercados en Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá.
Durante la operación, las autoridades capturaron a 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía —la secretaria ejecutiva y dos contratistas—, señaladas de facilitar las actividades criminales con decisiones contrarias a la ley ambiental y un presunto ejercicio extralimitado de sus funciones.
“La protección del bioma amazónico exige acciones integrales: conservación, restauración y una lucha decidida contra los crímenes ambientales. Hoy avanzamos en la contención de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado. Esta operación demuestra los resultados concretos que alcanzamos bajo la coordinación del Conaldef”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.
La red criminal afectó gravemente zonas de especial protección ambiental, entre ellas el Parque Nacional Natural Yaguas (Perú), el Parque Nacional Natural Amacayacu y áreas protegidas del sector Tarapacá, en la Amazonía colombiana, lo que evidencia la dimensión transfronteriza del daño.
La Fiscalía, la Policía Nacional y el Conaldef reiteraron que la lucha contra los delitos ambientales es una prioridad estratégica, basada en investigación judicial, control territorial y fortalecimiento institucional, con el fin de desmantelar organizaciones que ponen en riesgo el patrimonio ecológico y la seguridad de los colombianos.