En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, alertó sobre una serie de incumplimientos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, a consecuencia del conflicto armado.
De acuerdo con las cifras que se manejan, en Nariño hay 4.274 desaparecidos, de los cuales 2.325 se atribuyen a las acciones de los grupos alzados en armas, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, las disidencias de esa organización, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, En y diversas organizaciones que en especial en la costa Pacífica de Nariño, se dedican a actividades del narcotráfico.
Sobre lo que viene ocurriendo en el país, la Procuraduría General de la Nación, advirtió la necesidad de adelantar gestiones para evitar la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional ante el incumplimiento sistemático de los deberes adquiridos frente a las víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzosa.
Ese llamado de atención se hizo en desarrollo de la audiencia citada por la Jurisdicción Especial para la Paz, para realizar seguimiento a las medidas cautelares que se han tomado en varios cementerios del país en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas.
Violación de derechos
El Ministerio Público recordó que el estado de cosas inconstitucional se presenta ante una violación masiva, generalizada, sistemática y estructural de los derechos fundamentales, el cual implica la adopción de medidas estructurales que permitan superar dicha vulneración, así como un seguimiento permanente de su implementación a cargo de las autoridades judiciales y los órganos de control.
Durante su intervención, el Procurador Delegado ante la JEP, Jairo Acosta, indicó que, ante las deficiencias evidenciadas en la operación de los mecanismos propuestos a la fecha para avanzar con éxito en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, “mal pueden seguirse tramitando esas necesidades de una manera fragmentada, individual, focalizada en los territorios, ya que se rebasó la capacidad de respuesta de una audiencia de medida cautelar focalizada o territorializada”.
Grandes audiencias
En este sentido, el representante del Ministerio Público le solicitó a la JEP, como medida de choque para evitar un estado de cosas inconstitucional, adelantar dos grandes audiencias; la primera con las autoridades responsables a nivel local (gobernaciones, alcaldías, entre otras) para realizar una valoración del nivel de cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en esta materia, y precisar qué falta por hacer en cada territorio.
Igualmente, la segunda audiencia será con instituciones del nivel nacional comprometidas con el Sistema de búsqueda, recuperación y entrega digna de las personas dadas como desaparecidas, con el propósito de establecer competencias, límites, canales de interacción y protocolos.
El funcionario también solicitó que en esos espacios se definan protocolos de actuación para cada entidad, con el fin de evitar procesos fraccionados, así como pidió que se convoque al trámite a las autoridades del departamento del Valle Cauca, específicamente de los municipios de Trujillo y Riofrío, por ser fuente de información valiosa para el proceso de búsqueda.
Por lo demás, el representante de la Procuraduría calificó como grave y sintomático el bajo nivel de acreditación de las víctimas del conflicto ante la JEP en varios departamentos del país.
Búsqueda en cementerios
Es de anotar que los primeros lugares para buscar a los desaparecidos que dejó la guerra en Colombia son los cementerios. Allí están enterradas personas sin nombre, sin algún tipo de identificación que, probablemente, son buscadas por sus familias al otro lado del país desde hace décadas. Estas personas pudieron ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, homicidios, reclutamientos y desapariciones forzadas, y llevan años enterradas sin que el Estado adelante acciones para buscarlas o, por lo menos, proteger los sitios donde yacen para que no se refundan entre más huesos.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, en 426 cementerios del país hay al menos 26.395 personas enterradas sin identidad. El Colectivo Orlando Fals Borda (OFB), junto con la Subsecretaría de Paz y Derechos de la Gobernación de Nariño, la Mesa de Trabajo sobre Prevención y Asistencia a Víctimas de Desaparición y la Universidad de Nariño revelaron que sólo en cuatro cementerios de este departamento hay 757 personas sin identificación.
El documento llamado Propuesta de ruta metodológica para la Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los cementerios de Pasto, Tumaco e Ipiales en Nariño es una investigación de dos años hecha por estas entidades y organizaciones en los cementerios de Nuestra Señora del Carmen en Pasto, Cementerio Interparroquial La Catedral de Ipiales, Cementerio Distrital de Tumaco y Cementerio San Andrés S.A.S de Tumaco.
Se trata de una investigación de dos años en el marco de la cual se han recopilado registros existentes de cuerpos ingresados a estos lugares para crear un Sistema de Información de Cementerios para Nariño. En ese sentido se analizaron y contrastaron cerca de 1.500 registros que, tras ser depurados, arrojaron la cifra de 757 personas no identificadas que ingresaron a estos cuatro cementerios entre 1987 y 2020. Pero el número puede ser mucho mayor, dado que son 64 los municipios de Nariño y en ellos hay más de un cementerio.
De acuerdo con el informe, 293 están en el cementerio de Pasto, 177 en el de Ipiales y 287 en los dos camposantos de Tumaco. De estos registros también se concluyó que 533 son hombres, 96 mujeres y en 129 casos no se ha determinado su sexo. También se determinaron sus edades: 333 corresponden a personas entre los 18 y los 39 años, 66 a personas entre los 40 y los 59 años, y 17 eran menores de edad.